La Fiscalía de Cantabria solicita una condena de 22 años de prisión, por dos delitos de agresión sexual, para un joven de 18 años al que acusa de haber agredido sexualmente a una menor de trece años con la que mantenía una relación sentimental.
El juicio está fijado para este martes 24, a las 11.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. De acuerdo con el escrito fiscal, ambos eran pareja, él conocía la edad de la chica y hasta entonces no habían mantenido relaciones sexuales.
En una ocasión, cuando se encontraban con otros amigos en la pista de un colegio y tras haber consumido alcohol, él le dijo que fueran a la parte trasera del centro educativo y allí “le pidió que se subiese encima de él”. Según el relato de la acusación, el joven le levantó el vestido, apartó su ropa interior y la penetró “sin utilizar preservativo y sin consentimiento de ella, quedándose ésta en estado de estupor y marchándose después a casa sin contar lo sucedido”.
Días más tarde, él la llamó por teléfono porque “estaba muy embriagado y que fuera a buscarle para acompañarle a casa”. Cuando la menor acudió y se acercó para abrazarle, este “de forma repentina le bajó el pantalón y la ropa interior, la sujetó de cara a una pared y la penetró vaginalmente sin consentimiento de la misma durante breves instantes, ya que ella logró subirse el pantalón y marcharse corriendo a casa”.
Pasado un tiempo, la joven relató lo ocurrido a su madre y presentaron denuncia.
El ministerio fiscal expone en su escrito que la menor “padece daños psicológicos, encontrándose en una situación de vulnerabilidad social que afecta a diversas áreas de su vida de origen multifactorial, siendo uno de ellos los hechos denunciados”.
La Fiscalía considera al acusado responsable de dos delitos de agresión sexual a menor de edad y reclama para él 22 años de prisión, además de 13 años de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, 17 años de inhabilitación para trabajar con menores, ocho años de privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación pide que indemnice a la menor con 15.000 euros por los daños morales y las secuelas psicológicas derivadas de los hechos.
AUDIENCIA PRELIMINAR
Por otro lado, este martes, a las 10.00 horas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acogerá una audiencia preliminar por un caso de tráfico de drogas, receptación y blanqueo de capitales. En la causa figuran ocho acusados de integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y a la adquisición de vehículos de alta gama robados que posteriormente vendían como si fueran legales.
Según detalla la Fiscalía, el grupo traficaba con cocaína y hachís y contaba con una plantación de marihuana en una localidad de Segovia. Además, se ocupaban de trasladar vehículos entre Italia y España, “modificándolos con carácter previo a su transferencia a terceras personas para encubrir su origen ilícito”.
Para canalizar la compra de los coches sustraídos y su posterior legalización, constituyeron una sociedad mercantil. También crearon otra entidad, supuestamente dedicada a inversiones, con el objetivo de dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas por la actividad delictiva.
En los registros practicados en las viviendas de los investigados en Castro Urdiales, Barakaldo (Vizcaya) y Mozoncillo (Segovia) se intervinieron sustancias estupefacientes, útiles para la preparación de la droga y numerosas placas de matrícula. A uno de los acusados se le incautaron además dos armas de fuego sin la preceptiva licencia.
La Fiscalía califica los hechos como delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, receptación, falsedad, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.
Para el principal acusado, señalado como responsable del tráfico de drogas, la receptación y el blanqueo, se solicita una pena de 13 años de prisión y una multa de 30.000 euros.
Para el resto, las penas son inferiores y se ajustan a los delitos atribuidos y a la cantidad de droga intervenida: once años y diez años de cárcel para otros dos procesados, con multas de 28.000 y 25.000 euros, por tráfico de drogas, receptación y falsedad; ocho años de prisión y multas de 8.000 y 25.000 euros para otros dos, por delitos de drogas y receptación uno y tenencia ilícita de armas el otro; cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa para la hermana del principal acusado por el blanqueo de los beneficios ilícitos; y tres años de prisión para otros dos implicados por receptación.