La Fiscalía solicita un total de 33 años de prisión para José Manuel D.G., conocido como 'O Chioleiro', al que atribuye el asesinato de su pareja, María del Carmen B.D., cuyo cadáver apareció dentro de una maleta en una finca de la zona de Balaídos, en Vigo.
El cuerpo fue localizado el 22 de febrero de 2024, cuando un repartidor que pasaba por las inmediaciones de la calle Espedrigada se fijó en una maleta envuelta con plástico de embalar, oculta entre la maleza y de la que salía un intenso olor. Al abrirla, los investigadores hallaron el cuerpo de una mujer en un avanzado estado de descomposición.
Días más tarde, los agentes registraron la vivienda de Vigo en la que el sospechoso vivía en una habitación alquilada junto a su pareja, cuyas señas físicas coincidían con las del cadáver encontrado. El piso se encuentra a poca distancia del lugar donde apareció la maleta.
El 29 de febrero de 2024 fue arrestado José Manuel D.G., un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con antecedentes por delitos violentos: fue condenado en 1988 por matar a su abuela y en 2004 por el asesinato de una vecina de A Lama.
Calificación de asesinato con agravantes
En relación con el denominado 'crimen de la maleta', el ministerio público sostiene que el acusado mantenía una relación sentimental con María del Carmen y que ambos compartían una habitación alquilada en la calle Fragoso de Vigo. La noche del 14 de septiembre de 2023, 'O Chioleiro' la sujetó por el cuello para estrangularla y le asestó una puñalada en la clavícula y otra en el corazón.
De acuerdo con el escrito de acusación, la víctima, de 60 años, no tuvo posibilidad de defenderse, al encontrarse desprevenida y sin esperar una agresión de su pareja. La Fiscalía expone que el acusado actuó impulsado por un sentimiento de "superioridad" y de "posesión" hacia ella, derivado de su condición de pareja y de ser mujer.
Tras matarla, el procesado se apropió de su tarjeta bancaria y, entre septiembre y diciembre de 2023, efectuó diversos pagos por un importe superior a 1.800 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputa un delito de asesinato con las agravantes de parentesco, reincidencia y género, así como un delito continuado de estafa por el uso fraudulento de la tarjeta bancaria.
El ministerio público reclama una condena de 30 años de prisión por el asesinato y otros 3 años por la estafa, además del pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima: algo más de 84.000 euros para la hija de la fallecida, 50.500 euros para la madre y 19.500 euros para cada uno de sus tres hermanos.