La Fiscalía solicita penas de 5 años y 3 meses de prisión para el exdirector ejecutivo de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) y para el responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación, a quienes atribuye presuntos delitos de acoso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia por las supuestas represalias contra el técnico informático que denunció a un sacerdote pedófilo.
Los hechos se sitúan en marzo de 2021, cuando un cura de la congregación religiosa, que además era rector de la parroquia vinculada al centro educativo, pidió al informático del colegio que revisara y arreglara su ordenador.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press y avanzado por “El Periódico de Catalunya”, el técnico halló en el dispositivo 39 GB de vídeos de violaciones a menores, hallazgo que comunicó de inmediato a los Mossos d'Esquadra. Los agentes le indicaron que “no dijera nada a nadie y que aguantara un día con el ordenador”, mientras activaban a la unidad de investigación.
El informático siguió las instrucciones policiales y, al día siguiente, los Mossos se incautaron del ordenador. Un día después, el religioso fue detenido por un presunto delito de tenencia de pornografía infantil.
Tras estos acontecimientos, el entonces director reprochó al informático no haber informado primero a la escuela, no haber mantenido “la boca cerrada” y le acusó de perjudicar la reputación del centro y de vulnerar la intimidad de un miembro de la congregación, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
Posteriormente, cuando el caso apareció en los medios de comunicación, los acusados habrían decidido crear “condiciones laborales adversas hasta propiciar la rescisión de la relación contractual” del informático con el colegio. En esa línea, el responsable de Compliance le abrió un expediente informativo en el que calificaba su actuación como posible delito de revelación de secretos.
El técnico fue informado de la apertura de este expediente durante la Semana Santa de 2021 y, al reincorporarse tras las vacaciones, se le impuso el teletrabajo, lo que, según la Fiscalía, hizo “imposible que el técnico pudiera seguir gestionando los servicios informáticos de la escuela de forma telemática --suponiendo ello de facto toda una suspensión de empleo--”.
Al mismo tiempo, el centro educativo envió una comunicación a las familias “apoyando” la denuncia presentada por el informático, destacando que habría protegido los derechos de los menores del colegio y asegurando que, por parte de la dirección, no se habían aplicado medidas de castigo contra dicho profesional.
No obstante, el Ministerio Público sostiene que se le reclamó “repetidamente” que entregara sus datos de usuario y contraseña y que, finalmente, en octubre de 2021, el informático terminó aceptando un despido de carácter procedente al considerarse incapaz de continuar prestando sus servicios en la escuela.
Indemnización solicitada por la acusación
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los dos acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al informático como responsables civiles directos, y que la congregación Hijos de la Sagrada Familia responda como responsable civil subsidiaria. La petición incluye 10.000 euros por las lesiones psíquicas y 20.000 euros por los daños morales ocasionados.
El sacerdote implicado fue condenado en sentencia de conformidad el 13 de marzo de 2023 por un delito de tenencia de pornografía infantil, condena que se logró gracias al aviso del técnico informático.
Versión de Escoles Manyanet
Fuentes de las Escoles Manyanet, consultadas por Europa Press, sostienen que al informático se le abrió únicamente un expediente informativo y no sancionador, por lo que “por lo tanto no acabó en ninguna sanción”: “Eso es mentira. Una vez se despidió al informático, él nos denunció por acoso”.
Estas mismas fuentes señalan que el exdirector, en cuanto fue informado por los Mossos d'Esquadra de la existencia del cura pedófilo, acudió a recriminar al informático que lo supiera desde “hacía días” y no lo hubiera comunicado antes. También afirman que el responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación actúa como un servicio externo.