El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 celebrará el próximo 13 de febrero, con la participación de un jurado popular, el juicio contra el marido de Salwa, asesinada en julio de 2023 presuntamente a manos de su esposo. La Fiscalía solicita para él una pena total de 52 años de cárcel, al atribuirle el asesinato de su mujer y el intento de homicidio de los tres hijos de la pareja.
Según se detalla en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado llegó a España como refugiado el 29 de junio de 2016, procedente de Siria y pasando por Líbano, acompañado de su esposa y de sus tres hijos menores.
Tras una primera estancia en un centro de acogida para refugiados, ambos comenzaron a aprender el idioma y él logró un empleo como mecánico. Posteriormente, la familia se instaló en una vivienda situada en la Plaza Martínez Flamarique.
A partir de ese momento, la relación de la pareja tomó caminos "muy distintos", ya que ella decidió continuar formándose mediante diversos cursos, dejó de llevar el pañuelo que le cubría rostro y cabello y manifestó su intención de incorporarse al mercado laboral.
El procesado empezó entonces a recelar de que su esposa quisiera divorciarse y marcharse con los niños a Alemania, donde residen los padres de ella. Incluso acudió a un abogado, que le informó de los derechos que tendría Salwa en caso de separación, entre ellos la posibilidad de irse con los menores.
"Dispuesto a no consentirlo jamás", indica el Ministerio Fiscal, el acusado planificó los hechos para, aprovechando que los hijos estuvieran fuera del domicilio, acabar primero con la vida de su mujer y, después, también con la de los niños.
Así, llevó a los pequeños a la biblioteca Rafael Azcona y, posteriormente, regresó solo a la vivienda, donde, " movido por el sólo afán de arrebatarle la vida, de manera sorpresiva le golpeó violentamente en la cabeza con un objeto decorativo".
El hombre continuó agrediéndola y, cuando la víctima ya se encontraba "inerme y casi sin consciencia", tomó varios cuchillos de la cocina con los que le causó "multitud" de heridas incisas en el tórax anterior, en la parte central de la espalda y en los antebrazos.
El Ministerio Público subraya que la muerte de Salwa "tuvo lugar en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada tras la multitud de golpes y las reiteradas cuchilladas en zonas no necesariamente vitales, que prolongaron su padecimiento hasta el extremo".
Tras asegurarse de que su esposa había fallecido, el acusado se limpió las manos con lejía, se cambió de ropa y de calzado y salió en busca de los niños. Junto a ellos tomó un autobús urbano que les dejó en la zona del camino de la Harinera, junto al cauce del río Ebro.
Una vez allí, les animó a acercarse a la orilla, sabiendo que ninguno sabía nadar, y agarró "sorpresivamente" al menor, de ocho años, con la intención de arrojarlo al agua en un punto con profundidad suficiente para cubrir la estatura de los niños y con una fuerte corriente.
Pese al forcejeo, el pequeño consiguió escapar y huyó aterrorizado hasta alcanzar una zona en la que había varias personas.
Mientras tanto, el acusado se dirigió a los otros dos hijos, de nueve y once años, y los empujó al río. No logró ahogarlos porque acudieron en su auxilio las personas alertadas por el niño más pequeño, gracias a lo cual los tres menores resultaron indemnes.
Calificación de los delitos y penas solicitadas
Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y de tres delitos de homicidio en grado de tentativa, de los que considera responsable al acusado en concepto de autor.
En el delito de asesinato aprecia las agravantes de abuso de condición de género y de parentesco; y en los delitos de homicidio, las agravantes de abuso de superioridad y de parentesco.
Por ello, solicita 25 años de prisión por el asesinato y nueve años por cada uno de los tres homicidios en tentativa, lo que suma un total de 52 años de privación de libertad.
Además, pide la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de sus hijos respecto a su domicilio, centro educativo y lugares que frecuenten, así como la prohibición de comunicarse con ellos por teléfono, medios telemáticos o cualquier otra vía durante cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a cada uno de sus hijos con 150.000 euros por la muerte de su madre y con 50.000 euros adicionales por los daños personales sufridos. Asimismo, solicita que abone a cada uno de los progenitores de SALWA 60.000 euros por el fallecimiento de su hija.