La Fiscalía solicita una condena mínima de dos años de cárcel para un joven acusado de insultar, discriminar y humillar a dos personas por su orientación sexual mediante mensajes enviados por Instagram. Además, reclama una indemnización de 3.000 euros para cada una de las víctimas en concepto de daños morales.
El juicio tendrá lugar el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09,30 horas. En función del tipo penal que finalmente se le aplique (un único delito contra los derechos fundamentales o dos delitos contra la integridad moral), el procesado se enfrenta a una pena de 2 años o de 2 años y 8 meses de prisión.
De acuerdo con el escrito de acusación del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se sitúan el 6 de agosto de 2024, cuando una de las víctimas decidió denunciar al acusado, P. N. Z. H., de 24 años en ese momento, por los mensajes degradantes que recibía a través de redes sociales con el propósito de “humillarle y discriminarle por su condición sexual”.
Aquel día, la víctima relató que el ahora acusado “le mandaba tanto a él como a sus amigos, todos pertenecientes al colectivo LGTBI+, mensajes vejatorios e intimidatorios desde hacía tiempo” y siempre con la misma finalidad.
Según la acusación, el joven enviaba expresiones homófobas e insultos por redes sociales, tanto mediante mensajes privados como a través de “Stories (historias)” de Instagram. La reiteración de estos mensajes llevó a la víctima a sentirse profundamente ofendida y a temer incluso por su integridad física.
Segunda denuncia y agravamiento de la acusación
Dos días más tarde, el 8 de agosto de ese mismo año, un amigo de la primera víctima presentó también denuncia al afirmar que el acusado le había remitido por Instagram nuevas expresiones vejatorias. Esta segunda víctima manifestó sentirse igualmente ofendida por los mensajes dirigidos contra su persona y contra el colectivo en general, hasta el punto de temer por su seguridad física, “al punto de verse condicionado por temor a cruzarse con el acusado por la calle”.
Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen un delito que atenta contra la dignidad de las personas por motivos discriminatorios vinculados a la orientación sexual, cometido a través de Internet o mediante el uso de tecnologías y en continuidad delictiva al existir dos perjudicados, o bien dos delitos diferenciados contra la integridad moral.
Si el tribunal aprecia el delito contra los derechos fundamentales, la Fiscalía reclama una pena de 2 años de prisión, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros y la prohibición de trabajar en el ámbito docente, deportivo o de ocio y tiempo libre durante un periodo superior en 10 años a la pena de prisión que se fije en sentencia.
En caso de que se considere que se han cometido dos delitos contra la integridad moral, el Fiscal interesa una condena de 1 año y 4 meses de prisión por cada uno de ellos, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con las dos víctimas durante un plazo de tres años.
En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a ambas víctimas con 3.000 euros a cada una por los daños morales sufridos.