La Fiscalía solicita una condena de dos años y nueve meses de cárcel, además de una multa de 5.400 euros, para un hombre acusado de delitos de estafa y apropiación indebida, después de que supuestamente engañara a otro en la operación de traspaso de un local comercial en Córdoba y se quedara con los bienes y la maquinaria existentes en el establecimiento. La vista oral está prevista para la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado mantenía una relación fluida con el administrador de una sociedad a la que proveía y mostró un especial interés por la explotación de su local, de forma que “aprovechándose de la buena fe y confianza generada” en el perjudicado y “con la intención de sacar el máximo rendimiento al negocio, pero a sabiendas de que no iba a asumir responsabilidad económica alguna, acordó verbalmente el traspaso del local”.
En la calificación fiscal se detalla que ambas partes pactaron que “la formalización de dicho contrato tendría lugar tras la preparación de toda la documentación, entregándose al acusado, hasta esa formalización, las llaves del local y se le dió la autorización para ir gestionando el negocio”. No obstante, el acusado, “intencionadamente, fue excusando la formalización del contrato”.
En cuanto al pago del traspaso, el Ministerio Público expone que “el acusado acordó con el perjudicado aplazarlo, dando como excusa que necesitaba tiempo para consolidar la gestión de su negocio, ofreciendo en garantía de dicho pago una finca registral, todo ello a sabiendas de que nunca iba a entregar cantidad alguna”. “Aceptada la oferta y garantizado el pago con la finca, el perjudicado, confiando en ello, aceptó entregar el negocio”, se añade en el escrito.
A partir de entonces, “a partir de ese momento el procesado llevó a cabo la gestión y administración del negocio”, que recibió “con todas las instalaciones, mobiliario, fondo de comercio, permisos administrativos y deudas con proveedores del comercio”.
Según la acusación, el hombre, “con la excusa de que no quería comprar la empresa y que tenía que constituir la suya propia, se comprometió a modificar todos los contratos de suministro, poniéndolos a su nombre y asumiendo los costes de funcionamiento y gastos”, mientras “con diversas excusas, fue demorando de modo indefinido la formalización del traspaso del local de negocio”.
Finalmente, el fiscal sostiene que el acusado, “prometiendo, a sabiendas que no lo haría, que cumpliría con todas sus obligaciones, abandonó el local, no sin antes apoderarse de bienes y maquinaria, desplazándose a otro local al que se llevó el mobiliario”.