La Fiscalía de Madrid ha solicitado penas que oscilan entre los 51 años y los cuatro años de cárcel para tres miembros de la Guardia Civil por su supuesta participación en diversos delitos de robo con intimidación, extorsión, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros, que habrían cometido mientras estaban en activo en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
El juicio se está desarrollando desde esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. Este martes han comparecido varios agentes encargados de los seguimientos y tareas de vigilancia sobre los acusados, dentro de una investigación que concluyó con su arresto en agosto de 2020. Está previsto que los procesados presten declaración la próxima semana, una vez finalicen las pruebas testificales y periciales previstas.
Durante las detenciones, según relataron los testigos, se les incautó una importante cantidad de sustancias estupefacientes. También han declarado los guardias civiles responsables de las intervenciones telefónicas practicadas a los sospechosos en el marco de la investigación.
En el momento de los hechos, los tres acusados estaban en servicio activo y destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC), donde realizaban funciones policiales en varios municipios de la región.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los tres guardias habrían actuado aprovechando su condición de agentes de la autoridad y el prestigio del uniforme, manteniendo durante el año 2020 una pauta continuada de actuaciones ilícitas.
Entre los hechos que se les imputan figura la sustracción de efectos durante entradas y registros, así como la intimidación y agresión a personas que acudían a la Cañada Real Galiana, con el fin de hacerse con dinero o sustancias estupefacientes. Igualmente, se les atribuye la apropiación de material perteneciente a la propia Guardia Civil.
La Fiscalía sostiene además que accedieron de forma irregular a bases de datos policiales, utilizando la información recabada en beneficio propio o de terceras personas, y que facilitaron datos reservados a individuos ajenos a las investigaciones. A ello se suma la presunta elaboración de denuncias con datos falsos y la omisión consciente de su obligación de perseguir determinados delitos.
En función del grado de intervención que se atribuye a cada uno de ellos, el Ministerio Público reclama para uno de los procesados una pena de 51 años de prisión, mientras que para los otros dos solicita condenas de cuatro y cinco años de cárcel, respectivamente.