La Fiscalía solicita penas que suman hasta 69 años de cárcel para cinco procesados por un robo con violencia en una vivienda de Xinzo de Limia (Ourense), donde, según el escrito de acusación, propinaron una brutal paliza al dueño de la casa, un empresario que supuestamente acababa de recibir 150.000 euros, al que maniataron y amenazaron.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, fechado el 30 de diciembre de 2025, los cinco acusados constituyeron antes de enero de 2025 un grupo criminal orientado a cometer robos en domicilios habitados y en locales abiertos al público en la provincia de Ourense.
El primero de los procesados actuaba como “jefe” y asumía las funciones de dirección, coordinación y asesoramiento de las operaciones. El segundo desempeñaba el papel de “informador” sobre posibles objetivos y participaba en los asaltos junto con los otros tres encausados, “siempre bajo la supervisión anterior, simultánea y posterior del jefe”.
El Ministerio Fiscal aprecia en los cinco la agravante de disfraz en el delito de robo con violencia, así como la agravante de abuso de superioridad en el delito de lesiones. Además, en el caso del “informador” se añade la agravante de reincidencia en los tres delitos, al constarle antecedentes penales computables por una condena de 2022 de la Audiencia Provincial de Ourense por pertenencia a grupo criminal y otra de 2021 del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense por robo con violencia.
El escrito subraya que el grupo disponía de armas e instrumentos “peligrosos”, además de “medios tecnológicos avanzados” de comunicación, vigilancia y contravigilancia, “especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos y la impunidad de los integrantes”.
Planificación y asalto al domicilio
Según la acusación, el 19 de enero de 2025, sobre las 19,00 horas, el “jefe” reunió en su vivienda de Xinzo de Limia a los otros encausados después de ser informado por el “informador” de que un empresario del sector de la construcción, residente en Lobios, acababa de recibir un “pago en metálico por importe de 150.000 euros” que guardaba en su domicilio.
En ese encuentro, el principal acusado dio a sus colaboradores las “instrucciones precisas” para ejecutar el robo: ubicación exacta de la casa, ruta de ida y vuelta, obligación de apagar los teléfonos móviles al llegar y uso exclusivo de la aplicación Signal para “dificultar el rastreo policial”, además de portar guantes y pasamontañas.
Esa misma noche, hacia las 23,23 horas, tres de los procesados se desplazaron “en las inmediaciones del domicilio” de la víctima y su esposa, donde les aguardaba el “informador”. Tras efectuar “varios recorridos de comprobación” y recibir las últimas órdenes, los cuatro iniciaron el asalto, cubriéndose el rostro y empuñando uno de ellos una porra.
Al saltar el muro perimetral de la finca, los perros comenzaron a ladrar, por lo que los acusados se ocultaron en el garaje, quedando uno fuera en tareas de vigilancia. Al oír los ladridos, el propietario salió al exterior con una linterna y preguntó “quién andaba ahí”, asomándose a la puerta del garaje. En ese momento, los asaltantes, “prevaliéndose de su superioridad numérica y física por razones de edad y corpulencia”, empezaron a golpearlo “con gran virulencia” mientras le exigían que revelase “dónde estaba el dinero”.
La víctima, “tendida en el suelo, sangrando por la nariz, rendido y en posición fetal”, indicó que el dinero se hallaba en su mesilla de noche, pero, pese a ello, continuó siendo golpeado por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y la zona costal. Los procesados llegaron a atarle las manos con una cuerda que pasaron varias veces alrededor de su cuello.
Acto seguido, los cuatro acusados registraron el interior de la vivienda en busca de objetos de valor, apoderándose de varios relojes, joyas, los teléfonos móviles del matrimonio, una escopeta y 6.000 euros en efectivo. Como “no les parecía suficiente” dinero, uno de ellos llamó al “jefe”, que les indicó que “tenía que haber más pasta, que mirasen con calma porque había tiempo de sobra, que apretasen al viejo, que le dijesen que le iban a hacer daño a su señora y que usasen a la vieja”.
En ese contexto, uno de los procesados entró en el dormitorio donde aún dormía la esposa del empresario, lo que provocó que se despertase y comenzase a gritar pidiendo auxilio. Ante la “desesperación de los acusados por no encontrar más dinero”, los cuatro decidieron finalmente abandonar la casa y se dirigieron a la vivienda del “jefe”, donde se repartieron el botín.
Tras la huida, la mujer consiguió desatar a su marido y avisar a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. El empresario fue trasladado de inmediato al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde ingresó en la UCI con hematoma facial, fracturas óseas, traumatismo torácico, fracturas costales y otras lesiones, requiriendo dos intervenciones quirúrgicas y quedando con “secuelas de síndrome frontal, trastorno orgánico de la personalidad y alteración de funciones cerebrales superiores”.
La Guardia Civil de Ourense detuvo a los cinco acusados el 18 de febrero de 2025 y practicó registros en sus domicilios, en los que se recuperaron varios de los objetos robados. El 20 de febrero fueron puestos a disposición judicial y se acordó para todos ellos prisión provisional sin fianza.
Penas solicitadas por la Fiscalía
En su calificación, la Fiscalía reclama para el “jefe” una condena de cuatro años y once meses de prisión por el delito de robo con violencia, la misma duración por el delito de lesiones y cuatro años y cinco meses por pertenencia a grupo criminal.
Para el “informador”, el Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel por el robo, otros cinco por las lesiones y cuatro años y seis meses por pertenencia a grupo criminal, interesando además que “una vez cumplidos dos tercios de su extensión total”, la pena privativa de libertad sea sustituida por su expulsión del territorio español.
Respecto a los otros tres encausados, la acusación pública solicita para cada uno de ellos cuatro años y nueve meses de prisión tanto por el delito de lesiones como por el de robo con violencia, además de cuatro años por pertenencia a grupo criminal.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 54.888,87 euros por las lesiones y secuelas sufridas por la víctima, otros 6.000 euros correspondientes al dinero sustraído y la cantidad que se determine por el resto de efectos robados.