La Fiscalía reclama nueve años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer contratada para mantener relaciones

La Fiscalía de Gijón solicita nueve años de cárcel y duras medidas accesorias para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en una cita de pago.

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Palacio de Justicia de Gijón. EUROPA PRESS

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La Fiscalía de Área de Gijón ha interesado una condena de nueve años de prisión, junto con otras penas y medidas accesorias, para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que se había citado en una vivienda de Gijón para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa, el juicio se celebró este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, y quedó visto para sentencia.

El escrito fiscal detalla que el 6 de mayo de 2022 el procesado, nacido en 1972, contrató a través de una página web los servicios sexuales de la víctima. La cita se fijó para ese mismo día, a las 18.30 horas, en un domicilio de Gijón, donde se había acordado un servicio sexual concreto de media hora de duración por un precio de 50 euros.

Transcurrido el tiempo pactado, el acusado habría agredido sexualmente a la mujer, después de arrojarla con violencia sobre la cama, sujetarle las manos e inmovilizarla.

La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual, violación, del artículo 179.1 y 2 del Código Penal (artículo 179, conforme a la redacción vigente en la fecha de los hechos de la Ley Orgánica 15/2003), así como un delito leve de lesiones del 147.2.

Por ello, además de los nueve años de prisión, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga al acusado la medida de libertad vigilada durante siete años y la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo a menos de 200 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, durante un periodo de diez años.

Asimismo, interesa la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante dos años, y la inhabilitación especial para desempeñar cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto directo y habitual con menores de edad durante 15 años.

La acusación pública reclama también una multa de dos meses, con una cuota diaria de 14 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del pago de las costas procesales.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el procesado indemnice a la víctima con 30.428 euros por los daños morales y secuelas psíquicas, las lesiones físicas sufridas y los gastos médicos derivados, y que abone al Sespa 58,97 euros por la asistencia sanitaria prestada, más los intereses legales correspondientes.