La Fiscalía de Área de Gijón reclama una condena de once años de prisión, junto con otras penas y medidas accesorias, para un hombre acusado de agredir sexualmente a un joven que, por la elevada ingesta de alcohol, no estaba en condiciones de otorgar consentimiento para mantener relaciones sexuales.
La vista oral se celebró este miércoles y jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, y ha quedado pendiente de resolución judicial.
De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio Fiscal, el acusado (nacido en 1981), sobre las cinco de la madrugada del 24 de junio de 2024, se encontraba en el domicilio de la víctima (nacida en 2002), en Gijón. Con pleno conocimiento de que el joven había consumido alcohol de forma continuada durante toda la noche y que, por ello, “no podía prestar consentimiento, ya que tenía mermadas sus capacidades volitivas e intelectivas y estaba incapacitado para tomar decisiones”, lo agredió sexualmente.
Tras los hechos, mediante auto de 25 de junio de 2024 dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, se acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del investigado.
Posteriormente, por auto de 18 de julio de 2024 de la Audiencia Provincial, se decretó su libertad provisional, imponiéndole la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 250 metros y de comunicarse con ella por cualquier vía, además de la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de violación del artículo 179.1 y 2 del Código Penal, en relación con el artículo 178.
Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público pide que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 14 años, incluyendo su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o cualquier espacio en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo periodo.
Asimismo, solicita su inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique contacto directo y habitual con menores de edad durante 18 años; la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años; y la imposición de una medida de libertad vigilada de cinco años una vez cumplida la pena de prisión.
En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el procesado indemnice a la víctima con 25.000 euros y al Sespa con 1.140,64 euros por los gastos médicos derivados de la agresión, cantidades a las que se sumarán los intereses legales correspondientes, además del abono de las costas procesales.