La sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía de Valencia solicita una condena de tres años de prisión para la concejala de Vox en València, Cecilia Herrero, integrante del equipo de gobierno municipal, a la que atribuye la difusión de mensajes de odio a través de su perfil en la red social X.
En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que estas publicaciones estaban “encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un lenguaje peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismo”.
Según la calificación fiscal, adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide para la edil tres años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio de carácter educativo, en los ámbitos docente, deportivo y de ocio, durante seis años, por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución.
De forma subsidiaria, y por el mismo tipo penal pero en otros apartados del Código Penal, plantea una pena alternativa de un año y dos meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo mientras dure la condena, multa de 4.800 euros y la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de cinco años.
En cualquier supuesto, y aplicando distintos preceptos del Código Penal, la Fiscalía entiende que debe añadirse la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo tiempo que se fije de prisión.
Herrero, concejala de Vox y miembro del gobierno local que comparten esta formación y el PP, encabezado por la alcaldesa María José Catalá, ocupa actualmente la delegación de Responsabilidad Patrimonial.
El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València dictó en junio del pasado año un auto de procedimiento abreviado contra la edil por estos tuits, como paso previo a su enjuiciamiento, al apreciar “suficientes indicios de criminalidad” en su conducta.
De acuerdo con la Fiscalía, entre abril de 2020 y abril de 2024 la acusada difundió diversos mensajes en sus cuentas de la red social Twitter, un perfil que fue cambiando de nombre con el tiempo, aunque posteriormente eliminó esas publicaciones. La cuenta suma, a día de hoy, 11.300 seguidores.
Entre los mensajes atribuidos a Herrero que se recogen en el escrito, figuran algunos como “BASTA. Blindar nuestras fronteras y apoyar a las FCSE (DEL ESTADO SÍ) es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes NUESTRO DERECHO. Expulsión YA”; “No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES” o “Los moros nos invaden”.
Mensajes para “estigmatizar y criminalizar”
Para el ministerio público, la acusada “ha venido sirviéndose de estas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricciones, para publicar de forma masiva e indiscriminada mensajes e imágenes dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a personas del colectivo LGTBI y con discapacidad, entre otras”.
La Fiscalía sostiene que, a través de los contenidos difundidos entre 2020 y 2024, “ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población”, con la finalidad de “tratar de orientar su voto a favor del partido político Vox”, del que forma parte como concejala.
En particular, subraya que “centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección interesada de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población”.
Para ello, prosigue el escrito, “hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general”.
Con el conjunto de estos mensajes, añade la acusación, “contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población”.
La Fiscalía identifica 31 publicaciones realizadas entre el 17 de abril de 2020 y el 19 de abril de 2024, ya borradas de sus perfiles, pero conservadas por otros usuarios en una red de acceso público.
Según el ministerio público, la acusada “era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes una vez llegaron a manos de sus destinatarios éstos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente los hechos y la consiguiente humillación del colectivo de víctimas objeto de sus ataques”.