La Fiscalía ha ratificado su petición de 43 años y medio de prisión para el que fuera entrenador principal de baloncesto femenino en la temporada 2017-2018 en el Centre Catòlic de L'Hospitalet (Barcelona), acusado de cuatro agresiones sexuales a dos jugadoras de 14 y 15 años, y ha incrementado de forma notable las cuantías de las indemnizaciones solicitadas.
El juicio concluyó este jueves en la Audiencia de Barcelona, tras una primera vista celebrada en marzo. En su informe final, la representante del Ministerio Público elevó las cantidades reclamadas por los daños psicológicos y morales al considerar que, ocho años después de los hechos, las jóvenes "muestran altos niveles de ansiedad, angustia y tristeza".
Para la primera víctima, para la que inicialmente pedía 10.000 euros como afectada por un presunto delito de agresión sexual, ahora reclama 50.000 euros. En cuanto a la segunda, a la que atribuye tres presuntos delitos de agresión sexual y para la que solicitaba 14.000 euros, ha pasado a pedir 150.000 euros.
Pericial sobre la madurez del acusado
En la sesión de este jueves se practicó una pericial conjunta en la que intervinieron los peritos propuestos por la defensa —un médico forense y una psicóloga forense— y, por parte del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), un médico forense y un psicólogo forense.
El médico forense de la defensa sostuvo que, en el momento de los hechos, el acusado, que tenía entonces 20 años, presentaba "una insuficiencia madurativa" derivada, según dijo, de vivencias difíciles en la infancia que habrían limitado su capacidad para relacionarse con jóvenes de su misma edad.
Según este perito, el procesado "mantiene unos vínculos de apego con otros menores más jóvenes que él y ese es su mundo normal", y cuando se producía cierto grado de erotización lo interpretaba como algo normal dentro de ese entorno de relaciones donde se sentía seguro y aceptado. Añadió que posteriormente habría evolucionado hasta ser un adulto sin alteraciones cognitivas ni volitivas, al que describió como una persona débil, dependiente e insegura, y que, en aquel momento, "no tenía conciencia infractora" por esa insuficiencia madurativa.
Frente a esta versión, los especialistas del IMLCFC defendieron que su grado de madurez era, sin dudas, el esperable para su edad: "No estamos en absoluto de acuerdo, no hemos observado ninguna inmadurez que pueda justificar" una falta de comprensión de los hechos. Negaron igualmente la existencia de un trastorno de personalidad.
Estos peritos recordaron que el acusado tuvo varias parejas, encadenó trabajos estables, empezó como ayudante de entrenador de baloncesto con 14 años y que, aunque sus experiencias infantiles pudieron influir en su carácter, no las consideran "tan crítico" como las presenta el experto de la defensa. Admitieron que padeció acoso escolar, pero señalaron que reaccionó de forma más asertiva de lo que recogen algunos informes y desvincularon ese episodio de los intentos autolíticos que sufrió. Sobre si esas circunstancias adversas pudieron generar un trauma, uno de los forenses manifestó: "Yo no lo veo".
La fiscal recordó además que, tres años antes de los hechos ahora enjuiciados, el acusado —entonces de 17 años— ya fue sancionado cambiándole de equipo por mantener una relación sentimental con una menor de 13 años.
Patrón abusivo y posiciones enfrentadas
En su alegato, la fiscal destacó que el procesado reprodujo un "patrón abusivo" con las dos jugadoras y se valió de su posición de superioridad como entrenador y responsable de las adolescentes, que le tenían admiración, respeto y sumisión.
Sostuvo que el acusado generó en las menores la falsa idea de que eran sus favoritas y de que existía una relación sentimental, que se acercó a chicas "especialmente vulnerables" por su situación personal y que insistió en mantener relaciones sexuales pese a saber que tenían 14 años.
La representante del Ministerio Público afirmó que los hechos han quedado "plenamente acreditados" y recalcó que el entrenador era consciente de su conducta, ya que pedía a las jóvenes que ocultaran las conversaciones o que lo guardaran en la agenda del móvil con otro nombre.
La defensa, que ha pedido la absolución, no ha discutido que los encuentros se produjeran, pero mantiene que "no son delictivos". Ha invocado el principio de proporcionalidad y sostiene que la solicitud de condena formulada por la Fiscalía está sobredimensionada.