El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que remita de nuevo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja (Valencia) la causa por la gestión de la dana, con el fin de que prosiga la investigación en ese órgano.
Según han indicado fuentes del ministerio público, la Fiscalía no cierra la puerta a una “eventual responsabilidad penal” del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, aunque entiende que en la actualidad no existen “indicios con suficiente solidez” que justifiquen abrir diligencias penales específicas contra él. Por ello, considera que la magistrada debe continuar instruyendo el procedimiento antes de dar nuevos pasos.
Así lo expone en un informe en respuesta a la exposición razonada que la jueza remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en la que apreciaba indicios de responsabilidad penal del expresident por su actuación en la gestión de la dana y reclamaba que se le investigara formalmente.
En el documento, el ministerio público subraya que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones ” o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.
La Fiscalía insiste en que no excluye una “eventual responsabilidad penal” del exjefe del Consell, pero recalca que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar” su imputación.
En consecuencia, concluye que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”, de forma que sea la jueza de Catarroja quien continúe practicando diligencias.
Las demás partes personadas en la causa —acusaciones populares, acusaciones particulares y defensas— también han presentado sus escritos sobre la exposición razonada. Corresponderá ahora al TSJCV, integrado por cinco magistrados, decidir el rumbo procesal del caso que afecta a Mazón.
El tribunal encargado de deliberar y dictar resolución está formado por el presidente del TSJCV, Manuel Baeza, junto a los magistrados Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
La titular del Juzgado de Catarroja que indaga en la gestión de la dana elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV una exposición razonada en la que solicitaba investigar a Mazón por una supuesta “inactividad negligente” el 29 de octubre de 2024, jornada en la que las riadas provocaron 230 víctimas mortales y se analiza otra posible muerte más.
La competencia para instruir una eventual causa contra Mazón correspondería al TSJCV, dado que ya no ocupa el cargo de president de la Generalitat pero conserva su escaño de diputado en Les Corts. En el procedimiento figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso.
La magistrada sostiene, no obstante, que la investigación debe “extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil” a la presunta “inactividad negligente” de Carlos Mazón. Sobre este extremo, afirma: “Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”, donde ese día el entonces jefe del Consell almorzó con la periodista Maribel Vilaplana.
Postura de Pradas y Argüeso ante el TSJCV
En sus escritos de alegaciones, Pradas y Argüeso reclaman al TSJCV que atraiga íntegramente la causa en la que ambos están siendo investigados y acuerde su sobreseimiento libre, al sostener que carecen de responsabilidad en lo sucedido, que califican de “desgracia natural” que no fue “previsible en su real dimensión ni tan siquiera por aquellos que, por obligación de su cargo y competencias, deben apreciar anticipadamente” este tipo de episodios.
Asimismo, plantean que, si la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV concluye que hay indicios suficientes para investigar a Mazón, sea ese mismo órgano el que asuma “sin más dilación” la totalidad del procedimiento, en lugar de mantener la parte relativa a las personas no aforadas en el juzgado de Catarroja, cuya instrucción cuestionan. Defienden que la unidad de la causa es necesaria para evitar posibles nulidades de actuaciones o sentencias contradictorias, según se recoge en los escritos a los que ha tenido acceso Europa Press.