Varios agentes de la Policía y de la Guardia Civil han prestado declaración este jueves ante la Audiencia Provincial de Albacete, donde han detallado el dispositivo que se activó tras la muerte en 2022 de una joven de 26 años a manos de su marido en Montemayor (Córdoba), así como el modo en que se produjo la detención del sospechoso en una localidad de Cuenca gracias al rastreo de su teléfono móvil.
Según han relatado ante el jurado popular, los investigadores consiguieron ubicar al marido huido en las inmediaciones del municipio conquense de San Clemente. A partir de ese momento, se coordinó a las patrullas de la zona, a las que se facilitó tanto la fotografía del presunto autor como la imagen del vehículo con el que se había dado a la fuga.
Uno de los agentes ha explicado que “Nos avisaron de que había una persona que podría haber cometido un homicidio en Córdoba y que su teléfono móvil había dado señal en la zona de nuestra demarcación. Estuvimos buscando por la zona donde sabíamos que vivía gente de la misma nacionalidad (rumana) que el acusado”.
Finalmente, los efectivos localizaron el turismo estacionado en un cortijo alquilado por una familia dedicada a la chatarra. Ante esta situación, organizaron un “operativo de cerramiento” para rodear el inmueble y bloquear cualquier intento de huida por parte del sospechoso.
Otro de los guardias ha señalado que “Fue entonces cuando salió el arrendatario a hablar con nosotros. Le enseñamos la fotografía del sospechoso y nos confirmó que estaba dentro. Entró a hablar con él y el acusado se entregó sin resistencia”. El letrado de la defensa ha incidido durante el interrogatorio “en la actitud de colaboración” mostrada por el procesado en el momento de su arresto.
En la vista también ha intervenido una agente encargada de recoger las manifestaciones de los familiares, quien ha indicado que una de las tías de la víctima sabía que el marido había agredido previamente a su mujer, aunque ésta se resistía a separarse de él por el cariño hacia sus hijos.
La Fiscalía ha incorporado este extremo a su tesis de que se trata de un supuesto de violencia de género, lo que, a su juicio, debe operar como agravante, frente a la versión de la defensa, que sostiene un móvil de arrebato y solicita que los hechos se califiquen como homicidio.
El jurado popular ha visionado además varios minutos de una grabación en la que se ve a los agentes accediendo a la vivienda de Montemayor donde vivía el matrimonio, instantes después de la primera llamada al 112. El marido, tal y como ha admitido su propia defensa, dejó a la mujer tendida en la entrada de la casa tras asestarle 10 puñaladas en un olivar a las afueras del municipio y avisó al resto de cohabitantes para que se ocuparan de ella, después de una discusión motivada por una infidelidad de la esposa con su sobrino, menor de edad.
Los otros residentes, también de nacionalidad rumana, fueron quienes alertaron a los servicios sanitarios. “Cuando llegamos le tomé el pulso y vi que aún tenía”, ha declarado el agente que realizó la filmación. Sin embargo, pese a encontrarse rodeada de compatriotas, nadie había intentado curarle las heridas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Cuando finalmente llegó la ambulancia, la víctima había perdido ya una gran cantidad de sangre y murió horas más tarde en el hospital.
El Ministerio Público solicita para el acusado una pena total de 25 años de prisión, la retirada de la patria potestad de los dos hijos comunes y la imposición de cinco años de libertad vigilada. Además, reclama una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los progenitores de la fallecida, 100.000 euros para cada uno de los hijos y 28.000 euros para cada una de las hermanas.