Un informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia concluye que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior accedieron a la grabación de la conversación mantenida en la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, audio que meses después, en febrero de 2025, aparecería difundido de forma manipulada.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia), que lleva la causa sobre la filtración del archivo sonoro incompleto, en el que solo se divulgó el fragmento donde la trabajadora de Aemet hacía referencia a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.
De acuerdo con el informe, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024 dos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, dirigida entonces por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas, accedieron y realizaron una grabación de la llamada: se trata de Ricardo García García, subsecretario del departamento, y de Alberto Martín Moratilla, que en aquel momento ocupaba la dirección general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos habrían obtenido una copia de la conversación en un pendrive.
Martín Moratilla, citado como testigo por la jueza de Catarroja para el 6 de febrero, cesó “a petición propia” la semana pasada en la Generalitat.
La Guardia Civil elaboró este informe a raíz de la petición de la jueza de Llíria, que solicitó aclarar cuál era el protocolo de conservación de las grabaciones de las comunicaciones generadas en el ejercicio de las funciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), cómo se accedía a esos registros y qué personas habían accedido, entre el 29-10-2024 y el 12-02-2025, a la conversación que posteriormente apareció manipulada.
El 13 de octubre de 2025 varios agentes se desplazaron al CCE y mantuvieron una reunión con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, así como con personal técnico del 112.
En esa visita se les explicó que la llamada investigada estaba almacenada en un sistema antiguo que, por sus características, no registraba los accesos individuales y, al tratarse de un acceso interno, los usuarios no necesitaban superar el firewall de protección, por lo que tampoco quedaba constancia de las entradas en ese dispositivo.
Los agentes constataron además que, aunque el sistema está limitado formalmente a un número reducido de usuarios con credenciales, cualquier trabajador interno de la red que conociera esas claves podía entrar en la aplicación sin que ese acceso quedara reflejado en ningún log.
Durante la entrevista, los agentes también fueron informados de que sí se había producido un acceso y grabación de la llamada en cuestión entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024, atribuido a Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían extraído una copia en un pendrive.
Investigación judicial por revelación de secretos
La magistrada de Llíria abrió diligencias el año pasado después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto, al entender que los hechos podrían encajar en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.
El ministerio público inició diligencias preprocesales tras la denuncia de la presidenta de Aemet, que puso en conocimiento de Fiscalía la publicación, en febrero de 2025, de la conversación entre una funcionaria predictora del organismo y una técnica del Centro de Gestión de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, mantenida alrededor de las 12.05 horas del 29 de octubre.
Según la Fiscalía, esa comunicación tiene “carácter reservado”, de acuerdo con la normativa vigente, al haberse producido en el marco de la gestión de una emergencia. El artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia atendido por el 112 se pondrá a disposición de los servicios esenciales implicados “a los estrictos fines de su gestión” y, una vez finalizada, “únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.
La difusión pública de ese audio tuvo lugar el 12 de febrero en un medio digital, “encontrándose la grabación incompleta y manipulada”, y posteriormente fue reproducida por otros medios. La Fiscalía subrayaba en su denuncia que las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante la atención de una emergencia se conservan en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana mediante el sistema “Coordcom”, alojado en las instalaciones de dicho organismo.