El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate ha aceptado que la Dirección General de la Guardia Civil intervenga en la causa por la muerte de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, arrollados por una narcolancha en febrero de 2024, en calidad de acusación particular y como parte perjudicada por los daños ocasionados en los bienes de la institución.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado indica que se tiene por formulada la reclamación expresa de las consecuencias económicas derivadas de dichos daños, si bien precisa que esta personación no permitirá, “en ningún caso”, llevar a cabo actuaciones procesales cuyo trámite ya haya quedado cerrado.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado que la Dirección General haya pedido sumarse al procedimiento “más de dos años después del asesinato de David y Miguel Ángel”, manifestando en una nota que “toma nota de esta decisión”, pero que esta incorporación resulta “tardía” y con efectos procesales que “no se pueden revertir”, al no poder ejercer ahora “derechos fundamentales para la búsqueda de justicia” como “la presentación del escrito de acusación, la proposición de prueba, la petición de pena o la participación en el auto de hechos justiciables”.
Asimismo, AUGC ha mostrado su malestar porque el organismo se persone “únicamente” como perjudicado por los daños en los bienes materiales de la Guardia Civil, entre ellos la zódiac en la que viajaban los agentes fallecidos, aunque admite que “cualquier presencia institucional junto a las familias es bienvenida”.
Esta asociación ya venía ejerciendo la acusación popular desde el arranque del procedimiento, habiendo presentado escrito de acusación, propuesto pruebas, solicitado penas y tomado parte en todas las fases del proceso, permaneciendo “con las familias durante todo este tiempo”. En este sentido, ha reiterado que estarán en el juicio “reclamando la condena que merecen quienes asesinaron a dos guardias civiles que solo estaban cumpliendo con su deber”.
La representación legal de los familiares de los dos guardias civiles asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate ha registrado ya su escrito de acusación, en el que reclama un total de 119 años de prisión para el piloto de la embarcación, Karim E.B. Además, se solicita para él una indemnización de dos millones y medio de euros.
En febrero, el magistrado instructor dictó un auto por el que los dos investigados principales, el piloto y uno de los tripulantes, serán enjuiciados por un jurado popular. En dicha resolución se atribuyen al piloto dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.
El tripulante que lo acompañaba será juzgado en la misma causa como presunto autor de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al entender el juez que fue quien dirigió un láser contra los guardias civiles que iban en la zódiac en los instantes previos al impacto y “con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción”, si bien “no consta” que lo hiciese en el momento exacto de la colisión.
Por estos hechos fueron arrestados otros dos tripulantes de la narcolancha, que se encuentran en libertad tras abonar una fianza, y que serán enjuiciados en una pieza separada por presuntos delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.
Karim E.B., el piloto de la narcolancha, fue capturado el 19 de septiembre de 2024, siete meses después de los hechos, tras conocerse en mayo un informe de la Guardia Civil que descartaba que la embarcación que manejaba 'Kiko el Cabra', detenido inicialmente, fuera la que embistió en repetidas ocasiones hasta causar la muerte a los dos agentes.
Dicho informe, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), concluía, a partir de los indicios objetivos recabados, que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil no coincidía con la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del suceso.
Para ello se tomaron declaraciones a testigos y se analizaron grabaciones de vídeo, entre ellas la realizada por uno de los detenidos que ingresó en prisión y que filmó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el principio que no eran los responsables del doble asesinato y señalaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.
Finalmente, en septiembre de 2024 fue arrestado Karim E.B. y, posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que iban con él. En total, de los cuatro ocupantes, en principio solo el piloto se sentará en el banquillo por delitos de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad y los otros dos en una causa separada por contrabando.