La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), encargada de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz del 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas, ha dado luz verde a la personación de la Junta de Andalucía en el procedimiento en calidad de actor civil.
Según han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se trata de una diligencia de ordenación dictada por la Letrada de la Administración de Justicia, en la que se formaliza la entrada de la Administración autonómica como parte civil.
Las mismas fuentes han puntualizado que la Junta únicamente podrá reclamar los gastos extraordinarios y los daños derivados del accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción".
El Ejecutivo andaluz ya había adelantado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que había solicitado su personación en las diligencias penales, tras encomendar a su Gabinete Jurídico la presentación de la correspondiente solicitud.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, insistió en que "se llegue hasta el final de la investigación", una meta sobre la que subrayó que "se lo debemos a las víctimas, a sus familiares", y recalcó que "siempre" el Gobierno andaluz "estará a su lado", por lo que defendió "acompañarles aquí y en los tribunales".
"Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad", reiteró la consejera y portavoz, que describió como "dos caminos paralelos" la actuación jurídica de la Junta y la puesta en marcha de la figura del Comisionado de atención a las víctimas anunciada y confirmada en el Consejo de Gobierno del 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.
Otras administraciones quedan fuera de la causa
La intervención procesal de la Junta de Andalucía en la causa por el accidente ferroviario de Adamuz contrasta con la situación de otras administraciones, como los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría. La legitimación de ambos consistorios para ejercer la acusación popular fue cuestionada por el Juzgado de Montoro, que finalmente la denegó.
Ante esta decisión, los dos ayuntamientos han optado por presentar un recurso de reforma ante el propio juzgado —trámite que ya ha formalizado el de Punta Umbría—, paso previo a llevar la impugnación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, con el objetivo de "agotar todas las vías legales" para intervenir en el procedimiento.