La magistrada que instruye la causa por el derrumbe de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, donde murieron seis jóvenes y otra chica resultó gravemente herida, quiere averiguar si la Policía Local cuenta con un protocolo específico para gestionar las llamadas que le traslada el 112.
Con este fin, tomará declaración como testigos a los mandos directos y a los compañeros de la agente de la Policía Local y de la gestora de Emergencias Cantabria que figuran como investigadas por lo sucedido, después de que un vecino de la zona avisara el día anterior al 112 del mal estado del paso de madera y este servicio derivara el aviso al cuerpo policial.
La jueza también llamará a declarar a la jefa de obra y a los operarios que llevaron a cabo las labores de mantenimiento de la pasarela durante el verano de 2024, así como al ingeniero industrial que firmó el proyecto de pasarelas redactado en 2014.
Además, solicita al perito judicial designado para esclarecer las causas del siniestro que detalle de qué material estaban fabricados los herrajes de apoyo de la estructura, si en el proyecto se contemplaba que fueran de acero inoxidable y si dicho proyecto se ajustaba a la normativa vigente.
Estas son algunas de las nuevas diligencias acordadas por la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander para avanzar en el esclarecimiento del accidente ocurrido el pasado 3 de marzo, cuando, al venirse abajo el puente de la senda costera a la altura de la playa de El Bocal, fallecieron alumnos del CIFP La Granja de Heras, originarios de Cantabria, Vizcaya (3), Guadalajara y Almería, sobreviviendo una joven de Álava.
Crucial llamada previa al siniestro
En un auto notificado este martes, la jueza señala que el contenido de las declaraciones prestadas por “las dos personas directamente implicadas en la crucial llamada” realizada el día anterior al derrumbe -la gestora del 112 y la policía local- “justifica, sin duda alguna, esclarecer la dinámica operativa ordinaria de ambos servicios cuando se reciben llamadas de tales características”.
Por ello, requiere al inspector jefe de la Policía Local de Santander para que precise si el protocolo de gestión de llamadas “se activa o aplica solo para llamadas o avisos procedentes de ciudadanos, quedando excluidas las procedentes del Servicio de Emergencias 112”.
En caso contrario, le insta a que aclare si “es el único protocolo aplicable o, en su caso, si existe el propio para avisos procedentes de otros servicios de emergencias, como el 112”.
Igualmente, la instructora pide al inspector jefe que identifique al superior jerárquico de la agente que recibió el aviso, así como a dos agentes que desempeñen funciones análogas en el Centro de Coordinación de Servicios de la Policía Local, con el objetivo de tomarles declaración como testigos.
De forma paralela, solicita al director del Servicio de Emergencias 112 que indique quién es el superior jerárquico de la gestora que atendió la llamada del vecino y que identifique a otros dos gestores con la misma función, para recibir igualmente su testimonio.
Nueva línea de investigación sobre el proyecto
La magistrada acuerda además practicar varias diligencias interesadas por las partes. En concreto, respecto al escrito presentado por el Ayuntamiento de Santander, acepta abrir una nueva vía de investigación sobre la viabilidad técnica y jurídica del proyecto de la pasarela y sobre la calidad de los elementos mecánicos utilizados, en especial los herrajes que soportaban la estructura.
No obstante, advierte que “no se van aceptar las razones insertadas por el letrado” en ese escrito, en el que se aludía a la “posible modificación del diseño estructural y las calidades de las pasarelas durante la ejecución de la obra, realizada al margen del proyecto administrativo adjudicado y contratado”.
A juicio de la jueza, tales manifestaciones “carecen de todo rigor técnico” puesto que “no están suscritas por profesional cualificado en la materia”. Por ello, el auto dispone ampliar el alcance del informe encargado al perito judicial para que aclare si la pasarela se construyó conforme al proyecto refundido de 2012 y al subproyecto de pasarelas de 2014.
Asimismo, con el fin de despejar cualquier duda sobre los materiales empleados, pide al perito que revise si en los planos del proyecto de obra se especificaba que los elementos mecánicos debían ser de acero inoxidable, que indique el material realmente instalado, que valore si cumplía la normativa exigible y que emita un juicio técnico sobre el proyecto de pasarelas de 2014 en ese aspecto concreto.
Más testificales y documentación
Por otro lado, la instructora admite como “pertinentes y necesarias” la declaración, en calidad de testigo-perito, de la jefa de obra que dirigió los trabajos de mantenimiento realizados en la senda costera, incluida la pasarela siniestrada, en julio de 2024.
Del mismo modo, pretende interrogar a los operarios que participaron en la ejecución material de esas tareas, para lo que requiere a la empresa adjudicataria que los identifique, así como al ingeniero industrial que firmó el proyecto de las pasarelas en 2014.
Finalmente, acepta la prueba documental solicitada por la familia de una de las víctimas mortales y reclama a Costas el expediente completo del Contrato de Mantenimiento y Conservación de la Costa de Cantabria del año 2023, “debiendo incluir específicamente las órdenes de trabajo, los presupuestos desglosados y las facturas abonadas a la empresa que ejecutó la reparación en la pasarela de El Bocal en julio de 2024”.