La jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana concluye que alrededor de las 17.20 horas, en un Cecopi convocado con retraso, ya se planteó un mensaje Es-Alert por parte del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que habría sido “plenamente efectivo” para salvar vidas en una situación en la que los fallecimientos eran “evitables”. Así lo recoge en la exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en la que solicita que se investigue al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.
Ese aviso recomendaba refugiarse en plantas superiores, “lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas era un riesgo clarísimo que había de excluirse”. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada enumera uno a uno los nombres de las 230 víctimas mortales --más otra posible en estudio-- y describe el modo en que perdieron la vida.
Para la instructora, la ausencia de medidas de alerta y protección a la ciudadanía fue el factor decisivo en el número de fallecidos durante la dana. A su entender, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ya conocía por los responsables de emergencias el peligro del barranco, que anotó como del Pollo (sic), la alerta hidrológica, el riesgo en el Magro y la opción de recurrir a los “bomberos forestales”.
“No solo se le alertó sobre el riesgo, sino sobre el hecho de que las lluvias que se producían en la cabecera de los barrancos, habrían de bajar irremediablemente atravesando la provincia de Valencia hasta el litoral valenciano”, indica la jueza en su exposición. Por ello considera que la versión de que se desconocía el riesgo del Poyo en el momento del envío del aviso a las 20.11 horas queda desmentida por el jefe de Análisis del Riesgo de Emergencias, quien declaró que, tras redactarse inicialmente un mensaje para la Ribera Alta, se preparó otro “para toda la provincia”.
Subraya que, mientras se debatía si había que confinar o no y qué comarcas debían quedar afectadas por ese supuesto confinamiento, “concepto malentendido dado que de lo que se trataba simplemente un aviso de salvaguarda en las múltiples posibilidades de carácter lógico ante el avance del agua, ya habían fallecido con toda seguridad más de un centenar de personas y se aproximaba a cerca de los 200”.
Retrasos, consultas y uso del ES-Alert
La magistrada critica que, en una “incomprensible disquisición jurídica y otra de menor duración, en este caso lingüística, no se adoptaron dichas medidas con la prontitud necesaria”. A su juicio, “resulta incomprensible, porque ante una situación de riesgo extremo, como la que se estaba desarrollando, se perdía el tiempo buscando asesoramiento jurídico para decidir si la actuación estaba amparada por la Ley, se supone que ante el temor de violar algún derecho fundamental que esta Juez todavía no ha llegado a discernir”, llegando incluso a realizar consultas a la Abogacía de la Generalitat.
Considera que “resulta obvio que la adopción de medidas implicaba recomendaciones, órdenes a la población, a personas concretas, pero dada la naturaleza de la dana, del riesgo que se pretendía evitar, su vigencia temporal era escasísima, la restricción de la libertad de los ciudadanos era nula, y el beneficio para los afectados hubiera sido altísimo, si se enviaba con prontitud y con un contenido certero”.
En esta línea, la instructora sostiene que la existencia del ES-Alert no se dio a conocer a Pradas por un técnico a las 20.00 horas, como declaró en un primer momento, “sino que estaba sobre la mesa del Cecopi desde las 17.20 horas”, y que se trataba de un recurso “plenamente operativo”, hasta el punto de que se emitió un mensaje a las 20.11 y otro a las 21.27 horas. “No requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización”, añade, y resalta que la ejecución del primer envío “tardó solo 2,36 segundos”.
La jueza reconstruye paso a paso el procedimiento seguido hasta el lanzamiento a las 20.11 horas, con el mensaje de “Suspensión de viajes y movilidad innecesarias Alerta de Protección Civil Por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X@GVA112 y en Apunt”.
Rechaza que todo quedara en manos de los técnicos, como ha sostenido Pradas, porque en una de las grabaciones se ve a la exconsellera “que efectivamente incidía cuanto menos en parte del contenido del mensaje” y en otra, ya con Mazón presente en el Cecopi, se escucha cómo afirma: “antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver”.
Para la instructora, “no se limitaba a ser un mero testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar”, recordando que el funcionario encargado de la alerta declaró que la exconsellera “acudió con un papel en el que se incluía el texto de la alerta, al objeto de que lo transcribiera, manifestándole que hasta que no lo viera no se mandaba”. “El testigo declaró que estuvieron de brazos cruzados hasta que se dio la orden de enviar la alerta”, recoge el auto.
En su valoración, “se esperó hasta casi tres horas, desde que se habló en el Cecopi del envío del mensaje hasta que se materializó”.
Responsabilidad de Mazón y mensajes internos
En cuanto al papel de Mazón, la jueza sostiene que hay indicios que apuntan a que su “exclusión voluntaria” de las funciones propias de la Presidencia de la Generalitat “tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo”. Habla de “una omisión equiparable a la acción, en los fallecimientos y en las lesiones”.
La magistrada revisa el listado de llamadas que Mazón dice haber realizado esa tarde, según la relación que él mismo difundió, con un primer contacto con Pradas a las 17.37 horas, tres horas después de entrar en el restaurante, un intervalo en el que “no consta que se efectuara ninguna llamada dando instrucciones, coordinando, preguntando, si se había convocado el Cecopi”.
En relación con el proceso de decisión sobre el ES-Alert, la instructora aprecia “indicios de una eventual participación” de Mazón por “un triple motivo”: la condición de secretario autonómico y jefe de gabinete de José Manuel Cuenca, que convierte sus comunicaciones con la exconsellera “no en meras opiniones o en consejos, sino en órdenes”; la “estrecha relación personal” entre ambos; y el contenido del mensaje “De confinar nada, Salo”, enviado por WhatsApp por el jefe de gabinete a Pradas, que “posee un carácter claramente imperativo” y rechaza “frontalmente” la parte del ES-Alert relativa a esta cuestión.
La jueza reproduce íntegramente ese intercambio de mensajes entre Pradas y Cuenca, precedido por una llamada a las 18.26 horas y por una comunicación a las 17.01 horas en la que ella le traslada su “preocupación” porque hay unas 100 personas afectadas en Utiel pendientes de rescate.
“Estos mensajes sobre las 17.01 y las 17.17 ponen de manifiesto la situación en Utiel y termina diciendo que la UME no ha podido acceder con sus helicópteros. En buena lógica, teniendo en cuenta la estrechísima relación que vinculaba al President, su condición de Jefe de Gabinete, hubo de transmitir dicha circunstancia al President”, argumenta la magistrada, que concluye que, desde ese momento, “se produce una conversación, que a cualquiera que la lea partiendo de un análisis objetivo ha de entender que se daban órdenes concretas”.