La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha avisado en un auto remitido a las partes de que prevé una “gran dilación” en la tramitación de la causa, tras recibir de la Conselleria de Justicia la comunicación de que, a partir del 30 de junio, se suprimirán cuatro puestos de funcionarios de refuerzo adscritos a su juzgado.
En este contexto, la magistrada advierte: “La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento”.
Ante este escenario, la instructora ha resuelto en un auto que, desde esa fecha, las grabaciones de todas las declaraciones testificales, periciales y de investigados se faciliten a las partes sin la transcripción que venía realizando la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), como se hacía hasta ahora, con la finalidad de salvaguardar la intimidad de quienes comparecen, dado el elevado número de personaciones en el procedimiento.
Se mantiene, no obstante, que no se graben en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados ni las declaraciones testificales de las piezas de fallecimiento y de lesiones, de las que se seguirá dando traslado a las partes personadas mediante testimonio del acta.
Así se recoge en un auto dictado este viernes, en el que la jueza recuerda que el 11 de abril de 2025 acordó que las declaraciones de los investigados —y también de testigos y peritos—, aun cuando fueran registradas en vídeo, se transcribieran para que únicamente se notificara a las partes ese texto, “a fin de preservar su imagen, y en definitiva su privacidad en la declaración, dado el elevado número de partes personadas”.
Sin embargo, explica que acaba de recibir una resolución de la directora general de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia “que acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias de las que vienen estando asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025”, fecha en la que la Juez se incorporó en comisión de servicios a la plaza número 3, fijándose el 30 de junio como día de finalización de sus funciones.
Además, según esa notificación, el personal afectado “deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha, con anterioridad al 30 de junio de 2026”.
Más de un centenar de testigos pendientes
La magistrada destaca que, a día de hoy, queda por practicar un “importante número” de declaraciones testificales y periciales en la causa, en concreto 109 solo de testigos, “sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, aproximadamente 50”. A ello se suman los cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que realiza la LAJ.
Esta situación, señala, “supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción, teniendo en cuenta que la LAJ y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”, subraya la jueza, que añade que, además, “se suma la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las cinco plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja”.
Según detalla, “los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como las presentes diligencias previas 692/24, causa de la dana. Debe tenerse en cuenta que las grabaciones se hacen en Arconte utilizando, asimismo, el webex, dado que existen Letrados que se conectan telemáticamente, y algunos de ellos de forma continuada”.