La magistrada de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha señalado ya el calendario para la comparecencia de ocho nuevos testigos, cuyas declaraciones se desarrollarán entre el 27 de enero y el 27 de febrero. Entre ellos figuran integrantes de la Abogacía de la Generalitat, asesores del ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón, un chófer y responsables del área de Emergencias.
Así se recoge en una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia y comunicada este miércoles a las partes personadas, dentro del procedimiento abierto por la gestión de la dana que provocó 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024.
Para el 27 de enero se ha fijado la declaración del coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior y del abogado general de la Generalitat, a las 9.30 y 11.30 horas, respectivamente. Ambos deberán explicar las consultas que recibieron la tarde de la dana sobre la posibilidad de ordenar el confinamiento de la población.
El 6 de febrero, a las 9.30 horas, comparecerá el entonces director general de Emergencias y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín. Una semana después, el día 13 a la misma hora, declarará Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE (Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana).
Respecto al entorno de Mazón y su personal de confianza, el día 20, también a las 9.30, está citado el chófer que tenía asignado el 29O. Los días 23, 25 y 27 deberán acudir sus asesores más próximos: Josep Lanuza; Francisco González, que entonces ocupaba la Dirección General de Comunicación y Promoción Institucional, y la jefa de prensa, Maite Gómez. Lanuza y Gómez acompañaban a Mazón cuando llegó al Cecopi a las 20.28 horas.
La jueza ya había acordado el pasado 7 de enero tomar declaración como testigos al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia en esa fecha y al Abogado General de la Generalitat, en relación con las conversaciones mantenidas sobre un eventual confinamiento de la población.
Con esta decisión atendía la solicitud de uno de los letrados de la acusación, que reclamó identificar a los abogados de la Generalitat que, entre las 19:45 y las 20:00 horas, prestaron asesoramiento sobre un posible confinamiento y sobre el proceso de toma de decisiones relativo a las medidas de protección de la ciudadanía.
El papel de la Abogacía de la Generalitat
La magistrada señala que la Abogacía de la Generalitat “intervino realizando asesoramiento”, extremo que se desprende del informe incorporado a la causa con fecha 26 de diciembre de 2025. En dicho documento se hace constar que el 29 de octubre de 2024 “ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e interior, de Medio Ambiente o de Presidencia de la Generalitat formuló consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana”.
No obstante, se precisa que la tarde del 29 de octubre de 2024 se recibieron “llamadas telefónicas de corta duración” relacionadas con el episodio meteorológico en curso. Según el informe citado en el auto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior telefoneó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento para preguntarle si un eventual confinamiento “tendría soporte jurídico”, a lo que el abogado de la Generalitat respondió “afirmativamente”.
Asimismo, se recoge que Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia —que declarará el próximo 22 de enero—, llamó al abogado general de la Generalitat para “avisarle de la posibilidad” de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —investigada en la causa—, “contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento”. El abogado general manifestó su disponibilidad.
De acuerdo con ese informe, “después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito”.
Contradicciones sobre el confinamiento y el núcleo de Mazón
Según la jueza, el documento remitido por la Abogacía “contradice” las manifestaciones de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Cuenca había indicado que Cayetano García “habría hablado con la Abogacía de la Generalitat” y que de esa conversación derivaría la respuesta sobre la eventualidad de un confinamiento por parte de Pradas, extremo que justificaría los mensajes que él mismo envió a la entonces consellera pidiéndole que no adoptara esa medida para toda la provincia.
La magistrada destaca en el auto que, a las 19:54 horas del 29O, Cuenca escribió a la exconsellera: “Salo. De confinar nada por favor. Calma”. Y, según su testimonio, esos mensajes “se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el sr. Cayetano García”.
Sin embargo, el informe de 26 de diciembre de 2025, firmado por el Abogado General de la Generalitat, “habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse”.
En relación con el núcleo de Mazón, la magistrada justifica su citación en que, al analizar el proceso de toma de decisiones en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, y en particular el envío de la alerta a la población, “resulta pertinente” examinar las llamadas que pudo realizar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación” seguido en el Cecopi.