La jueza de las VPP de Alicante imputa a la exconcejal de Urbanismo y a otras 14 personas

La jueza del caso Les Naus imputa a 15 personas, entre ellas la exedil de Urbanismo de Alicante, y cita a siete testigos a petición de Anticorrupción.

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Vista del Residencial Les Naus Joaquín Reina - Europa Press

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La magistrada que instruye la causa sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el complejo residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, ha llamado a declarar como investigadas a 15 personas entre los meses de mayo y junio. Entre ellas figuran la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman; un arquitecto municipal y, en representación de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del proyecto, su administrador único.

En la lista de investigados se incluye también al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, el mismo funcionario al que la Generalitat abrió expediente y suspendió de empleo y sueldo por los visados relacionados con esta promoción.

Además, se ha citado en calidad de investigadas a otras diez personas que resultaron adjudicatarias de nueve viviendas, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Paralelamente, la jueza ha ordenado la comparecencia de siete testigos. Por parte de la Conselleria de Vivienda, deberán acudir el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General.

En cuanto al Ayuntamiento de Alicante, están llamados a declarar como testigos la jefa del servicio de Gestión Patrimonial, un técnico adscrito a esa unidad y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

Todas estas diligencias se practican a instancia de la Fiscalía Anticorrupción. En la misma resolución, la instructora desestima la petición de la acusación popular ejercida por Ciudadanos de que el jefe de Sección de Vivienda Protegida declare como testigo y no como investigado, al entender el Ministerio Público que este funcionario podría estar presuntamente implicado en los hechos que se analizan en el procedimiento.