La magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, encargada de la causa sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de la Playa de San Juan, ha dictado una providencia en la que fija una fianza de 3.000 euros al grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento.
Tras la presentación de un escrito por parte de la portavoz socialista en el consistorio alicantino, Ana Barceló, la instructora precisa que “únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado/a y procurador/a y el depósito de la caución citada”, según ha comunicado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En otra resolución, la jueza ha dictado un auto por el que rechaza el recurso de reforma planteado por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra una providencia previa en la que se le imponía a esta asociación la misma caución de 3.000 euros para poder intervenir en las diligencias previas como acusación popular.
El auto incorpora referencias a distinta jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que respalda esta medida y subraya que la cantidad fijada como fianza resulta “proporcionada, atendida la capacidad económica de los querellantes, y no impide a estos ni obstaculiza gravemente ejercitar su derecho”.