La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigado al exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid hasta 2023, dentro de la causa en la que se analiza el denominado “caso FP”.
En este procedimiento se indagan presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en obras acometidas en varios centros de Formación Profesional de la región.
Según una providencia de 26 de enero a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada ha fijado para el próximo 11 de marzo la comparecencia como investigado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, del exdirector de Secundaria José María Rodríguez Jiménez. En la misma resolución se convoca también como testigos a varios directores de institutos.
En particular, se cita a quienes desempeñaban en la fecha de los hechos los cargos de dirección de la Escuela de Arte Alberto Corazón, el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetúan de las Victorias. Igualmente, se requiere la presencia como testigo de la directora del IES San Fernando en aquel momento.
Dentro de la instrucción, el empresario que sacó a la luz el “caso FP” explicó ante la jueza, durante su declaración judicial, que el sistema de facturación estaba determinado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional.
Este empresario, propietario de la compañía Virelec, fue quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades tras reclamar en septiembre de 2023 al Ejecutivo regional el abono de 1,4 millones de euros por trabajos ya realizados.
El empresario, encargado de ejecutar los proyectos de las obras, relató a la magistrada cómo se originó el caso después de que reclamara los impagos mediante burofax, lo que derivó en una reunión con dos asesores de la Comunidad de Madrid y en que la Consejería de Educación pusiera en marcha una investigación interna.
En otra línea de la causa, la jueza tomó declaración a dos directores de centros de Formación Profesional y al exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid en el periodo 2021-2023, quienes dirigieron sus señalamientos hacia altos cargos de la Consejería de Educación.
En sus manifestaciones, indicaron que no tenían competencia “ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban”.
Investigación de las presuntas irregularidades
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades remitió en marzo de 2024 un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que analizara las posibles irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la eventual implicación de distintos funcionarios públicos.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, adelantó que el Gobierno madrileño se personaría en el procedimiento cuando la fase de instrucción lo permitiera. Subrayó que fue el propio Ejecutivo autonómico el que acudió al Ministerio Público para “investigar irregularidades detectadas” en varios centros ante la sospecha de que se hubieran “fraccionado contratos”.