La magistrada titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha requerido al Instituto de Medicina Legal (IML) que complete la autopsia del menor de cuatro años presuntamente asesinado el pasado 3 de diciembre por su madre y la pareja de esta, ambos en prisión provisional, con el fin de concretar la causa última del fallecimiento y el origen de posibles lesiones previas.
En una providencia reciente, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora ordena cursar un nuevo oficio tras atender las solicitudes de la acusación particular y de la Fiscalía, que pedían un dictamen pericial específico sobre la “acción directa o última” que desencadenó la muerte del pequeño.
El informe forense emitido a finales de enero ya apuntaba que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que provocaron su muerte en cuestión de horas, el mismo día en que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde la vivienda familiar hasta un búnker abandonado en la playa de Garrucha, donde fue hallado por los agentes.
Mientras la acusación mantiene que el menor habría sido objeto de una agresión violenta que habría originado las lesiones mortales, la defensa defiende que estas tendrían un origen negligente vinculado a prácticas de “curanderismo” para tratar supuestos problemas estomacales.
La jueza acuerda ahora una nueva exploración forense para que los peritos determinen, en la medida de lo posible, la cronología de las “lesiones antiguas” detectadas en el cuerpo del niño, en el marco de un eventual maltrato continuado que, según la acusación, se habría producido con anterioridad al día de su fallecimiento.
Asimismo, se solicita que se precise de qué manera se habrían generado esas lesiones y qué objetos o instrumentos podrían haber intervenido en su aparición, para lo cual se autoriza a los médicos forenses a consultar el historial clínico del menor.
La instructora pide además a los expertos que indiquen si es necesario esperar o no a la inhumación del cadáver para realizar esta ampliación del informe, y que se pronuncien sobre la compatibilidad de un “tratamiento” o “sobado” aplicado por la madre y su pareja con las lesiones presentes en el cuerpo y con el resultado mortal.
La defensa de J.D.R.C., representada por el letrado Manuel Martínez Amate, sostiene que el niño habría sido sometido a un “masaje abdominal vigoroso de curandero” de forma “repetida” para tratar de forma “negligente” un dolor abdominal, lo que, a su juicio, explicaría las lesiones hepáticas que acabaron provocando la muerte del pequeño.
El abogado añade que las lesiones previas que pudiera presentar el cuerpo del menor no tendrían por qué deberse a “presuntas palizas o malos tratos”, sino que procederían de esos “sobados” que se le habrían practicado a Lucas con la finalidad de aliviar “una enfermedad estomacal” que “arrastraba” con anterioridad.
Nueva comparecencia de los investigados
En la misma resolución, la jueza fija una nueva comparecencia el próximo 8 de abril de J.D.R.C. y de la madre del niño, B.Y.B.O., para revisar la medida de prisión preventiva que se les aplica desde poco después de su arresto.
La magistrada establece que el investigado declare por videoconferencia a las 9,30 horas desde el centro penitenciario de Albolote (Granada), donde fue ingresado pocos días después de su detención.
Por su parte, la madre será trasladada físicamente desde la prisión de El Acebuche para comparecer ante el juzgado de Vera a partir de las 11,00 horas, momento en el que está previsto que vuelva a declarar como investigada por estos hechos.
Meses de presunto maltrato y calificación penal
Con base en los indicios recabados, la Fiscalía recuerda la sentencia de 20 de octubre de 2025 que condenó a J.D.R.C. por malos tratos en el ámbito de la violencia de género, resolución que le prohibía comunicarse y acercarse tanto a la coacusada como a su hijo Lucas. Pese a ello, los tres continuaron “conviviendo juntos en una habitación que tenían arrendada” en Garrucha, mientras que en las otras estancias residían “moradores ajenos” a ellos.
En este contexto, la fiscal no descarta que desde esa fecha, o incluso antes, el investigado hubiera “golpeado de forma reiterada y recurrente” al menor “en presencia” de su madre en dicha habitación, “sin que la madre lo hubiera impedido”.
El Ministerio Público considera posible que, en la mañana del día de los hechos, el acusado propinara un “exceso de golpes” al niño “de forma consciente” en la zona abdominal, “sabiéndolo y no evitándolo la investigada”, lo que habría provocado el shock hipovolémico y el desgarro hepático que, horas después, causaron la muerte del pequeño.
Las diligencias apuntan a que, una vez fallecido el menor, ambos investigados lo habrían trasladado sobre las 17,00 horas desde la habitación alquilada hasta los restos de un búnker en una playa a las afueras de Garrucha, en dirección a Mojácar, donde el cuerpo fue localizado por las fuerzas de seguridad alrededor de las 23,00 horas de ese mismo día.
A la espera de una calificación jurídica definitiva, la Fiscalía aprecia indicios de posibles delitos de quebrantamiento de condena, malos tratos habituales y asesinato.