El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, junto con varios miembros de su equipo en la Conselleria, por la causa relativa al supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por su exmarido entre 2016 y 2017. La resolución se dicta después de que la Audiencia de Valencia ordenara continuar el procedimiento, en contra del criterio mantenido por la Fiscalía.
Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza sustituta del juzgado adopta esta decisión a petición de las acusaciones ejercidas por Vox y Gobierna-te, así como de la representación legal de la menor víctima de los abusos, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia provincial.
De este modo, se sentarán en el banquillo Oltra y otras 12 personas —entre ellas psicólogas, jefes de sección y de servicio, una directora territorial, una directora general y una subdirectora general— por el presunto encubrimiento de dichos abusos.
En particular, a los procesados se les imputan, con distinta participación, los delitos de prevaricación; malversación; delito contra la integridad moral; delito de omisión del deber de perseguir delitos; encubrimiento; y abandono de menores.
En la misma resolución, la jueza reclama a los 13 acusados la prestación, de forma conjunta y solidaria, de una fianza de 120.000 euros. En caso de no constituirse en el plazo fijado, se ordenará el embargo de bienes suficientes para asegurar dicha cantidad. Además, se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.
La magistrada concede igualmente un plazo de 10 días a las defensas de los acusados para que presenten sus escritos de contestación frente a las acusaciones formuladas.
Archivos previos y recursos ante la Audiencia
La causa ha atravesado diversas fases de archivo y reapertura durante la instrucción. El juzgado decidió en 2024 archivar las diligencias respecto a Oltra y su entorno al no apreciar indicios de delito —criterio que coincidía con el del Ministerio Fiscal—, pero posteriormente la Audiencia ordenó reabrir el procedimiento al estimar los recursos interpuestos por Vox y Gobierna-te. El instructor continuó la tramitación por “imperativo legal” y en aplicación de esa resolución.
Más tarde, en 2025, el órgano de instrucción volvió a rechazar la apertura de juicio oral y acordó el sobreseimiento provisional de la causa y, en diciembre de ese mismo año, confirmó esa postura al desestimar los recursos de las acusaciones. Éstas acudieron de nuevo a la Audiencia y, tras examinar los escritos, el tribunal ordenó la apertura de juicio, decisión que ahora se ha materializado.
La Audiencia provincial indicaba en su auto que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta” valoradas “razonablemente” por ellas como delictiva.
En la misma línea, el tribunal subrayaba en su resolución que la declaración utilizada por el instructor para fundamentar el sobreseimiento “contradice su propio auto”, “incurriendo, así, en manifiesta incongruencia”.