El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha dado luz verde al acceso, extracción y examen del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados en el siniestro ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, un accidente en el que perdieron la vida 46 personas y resultaron heridas más de 120 el domingo 18 de enero. La resolución también contempla el acceso y volcado de los datos almacenados en las cámaras de seguridad situadas en el interior del tren Iryo.
Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez acuerda, en un auto fechado el pasado viernes y comunicado este lunes a las partes, que pueda utilizarse cualquier herramienta informática que permita verificar “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”.
El volcado, la extracción y el posterior análisis deberán desarrollarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que documentarán todo el procedimiento, “obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos”, conservando una copia para proseguir con las pesquisas y entregando de forma inmediata otra copia al órgano judicial. Toda la diligencia se llevará a cabo con la presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que redactará la correspondiente acta judicial.
La práctica de la diligencia se ha fijado para el día 5 de marzo en las instalaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), donde se encuentran actualmente los equipos. Finalmente se descartó su traslado a Montoro para evitar los riesgos derivados de mover los dispositivos de grabación hasta la sede judicial de dicha localidad cordobesa. En este sentido, la instructora señala en su auto que “para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos” estima razonable que todo el proceso se lleve a cabo en el lugar donde están depositados.
El Tribunal de Instancia de Montoro ha remitido un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que designe a un Letrado de la Administración de Justicia que acuda a la diligencia junto con la Policía Judicial, “todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción”.