La magistrada de Llíria que lleva la investigación sobre la filtración de un audio registrado el día de la dana, correspondiente a un tramo de una conversación entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, ha decidido citar como testigo para el mes de marzo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. La comparecencia se ha programado para el próximo 31 de marzo a las 10.50 horas, según ha podido confirmar Europa Press.
La instructora adopta esta resolución después de revisar las diligencias practicadas y los informes elaborados por el Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia. Estos documentos apuntan a que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior, en las fechas en que se produjo la dana, accedieron al archivo de audio de la conversación, que posteriormente se difundió de forma manipulada en febrero de 2025, suprimiendo la parte en la que la funcionaria de Aemet mencionaba un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.
El informe detalla que, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, dos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, dirigida por la también investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas, tuvieron acceso y realizaron una grabación de la llamada: Ricardo García García, subsecretario del departamento, y Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos habrían obtenido una copia de la conversación en un pendrive.
La jueza había solicitado previamente a la Guardia Civil un informe sobre el protocolo de conservación de las grabaciones de las comunicaciones realizadas en el ejercicio de las funciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), el sistema de acceso a esos registros y la identificación de las personas que accedieron, entre el 29-10-2024 y el 12-02-2025, a la grabación de la llamada que terminó siendo filtrada y manipulada.
Con este objetivo, varios agentes se desplazaron al CCE el 13 de octubre de 2025 y mantuvieron una reunión con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, así como con personal técnico del “112”.
Durante esa visita, los agentes fueron informados de que la llamada investigada estaba almacenada en un sistema que, por su antigüedad y características técnicas, no permitía registrar los accesos específicos realizados sobre el mismo. Además, al tratarse de un entorno de acceso interno, los usuarios no necesitaban atravesar el firewall de protección, por lo que tampoco quedaba constancia de esos accesos en dicho dispositivo.
Igualmente, comprobaron que, en cuanto a credenciales, el sistema solo estaba formalmente limitado a un número reducido de usuarios, aunque cualquier otro empleado interno de la red que conociera esas claves podía entrar en la aplicación sin que ese acceso quedara reflejado en ningún registro o log.
En el transcurso de la entrevista, los agentes también pudieron confirmar que sí constaba un acceso y grabación de la llamada en cuestión, realizado entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024 por Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían extraído una copia de la conversación en un pendrive.
Origen de la causa judicial
La jueza de Llíria abrió diligencias el año pasado tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia por la difusión del audio incompleto, al entender que los hechos podrían encajar en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.
El ministerio público sostiene que esa conversación tiene “carácter reservado”, de acuerdo con la normativa vigente, al haberse producido en el marco de la gestión de una situación de emergencia. Recuerda, además, que el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información vinculada a la gestión de un incidente de emergencia atendido por el 112 debe ponerse a disposición de los servicios esenciales implicados “a los estrictos fines de su gestión” y que, una vez concluida esta, “únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.