La titular del Juzgado de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha acordado citar como testigos a 31 agentes medioambientales o guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Conselleria de Medio Ambiente, así como a ocho bomberos forestales dependientes también de la Generalitat. Todos ellos prestaron servicio el 29 de octubre de 2024 en las labores de control de barrancos y vigilancia en el río Magro, en el entorno del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, en la zona de Torrent-Picanya-Paiporta.
La decisión se recoge en un auto dictado este miércoles, en el que la magistrada ordena la comparecencia de estos 39 testigos —aún sin fecha fijada— en cumplimiento de una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia. Este órgano judicial estimó parcialmente en diciembre del año pasado el recurso de apelación planteado por una acusación particular sobre este punto, después de recabar también un informe del ministerio fiscal.
En su resolución, la jueza recuerda el pronunciamiento de la Audiencia, que asumía el planteamiento del fiscal y apuntaba que “por cuanto parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos”.
La instructora considera que el número de agentes o guardas de la CHJ, diez, solicitado por el fiscal en su último informe y cuya declaración ha sido aceptada, unido al de los bomberos forestales desplegados en el río Magro y en el Barranco del Poyo por orden del Centro de Coordinación de Emergencias, y al de los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, “hace innecesario citar a un número mayor”, así como indagar qué efectivos estaban de baja laboral o si existía algún puesto sin cubrir.
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