La madre de Esther, la joven de 20 años que murió el 20 de agosto de 2022 tras aparecer calcinada en un incendio en una nave okupada de Torrejón, ha detallado en el juicio los presuntos episodios de malos tratos que sufría su hija por parte de su pareja y principal encausado, incluyendo amenazas en las que le decía que la mataría algún día.
La vista oral por este crimen se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid con la intervención de varios testigos, entre ellos la madre de la víctima, la exnovia de uno de los procesados y varias amigas de la joven fallecida.
Los tres acusados se enfrentan a peticiones de 60 y 55 años de prisión por dos delitos de asesinato y otro de incendio. En el caso del novio de la víctima, las acusaciones solicitan que se apliquen las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.
La Comunidad de Madrid participa en la causa como acusación popular y reclama para los tres encausados una pena de prisión permanente revisable, al considerar que se trata de un crimen de carácter machista.
Visiblemente nerviosa y muy afectada, la madre de Esther ha explicado cómo se desarrolló la jornada de los hechos y ha relatado que Said se acercó a ella para confirmarle que su hija estaba durmiendo dentro de la nave en el momento en que se estaba produciendo el incendio.
Según su testimonio, mantenían una relación "bastante tormentosa", con "agresiones verbales y físicas", precisando que llegó a presenciar episodios de violencia con agresiones.
La hermana de la joven ha corroborado igualmente la mala relación que existía entre Esther y Said, con episodios de peleas graves y golpes que terminaban con la víctima en el hospital. En una ocasión, la llamó pidiéndole auxilio y tuvo que avisar a la Policía.
También ha declarado la expareja de otro de los acusados, quien ha manifestado que este le confesó el crimen y la amenazó con que le haría lo mismo.
Una amiga cercana de la víctima ha indicado que la joven le relataba que el acusado la maltrataba, la insultaba y la sometía a agresiones graves, como empujarla por unas escaleras, lo que le causó una lesión que obligó a inmovilizarle el brazo con una escayola. "Quiso terminar la relación, pero nunca le dejaba", ha señalado.
Incendio en una nave okupada
De acuerdo con el escrito del fiscal, los hechos se sitúan en la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían originado de forma intencionada un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.
Ambos murieron por asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos derivados de la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.
La Fiscalía sostiene que durante esa convivencia se produjeron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento calificado como machista y posesivo. Tras enterarse de que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría reiterado en varias ocasiones su propósito de matarla.
Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de manera coordinada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o asumiendo que ese desenlace podía producirse.
Consecuencias del incendio
La intensidad de las llamas obligó a acordonar la zona, desalojar una nave contigua y retirar vehículos cercanos con el fin de evitar daños personales. El inmueble siniestrado sufrió daños tasados en 18.200 euros, cantidad reclamada por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..
Asimismo, varios coches estacionados en la vía pública resultaron afectados durante las labores de extinción, aunque sus dueños no han presentado reclamación al haberse hecho cargo las compañías aseguradoras.
El principal procesado se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2022, una medida que fue prorrogada en 2024 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz.
El Ministerio Público reclama también indemnizaciones por daños morales para los familiares de las víctimas: 100.000 euros para cada progenitor y 30.000 euros para cada hermano, además de compensaciones económicas por los perjuicios materiales ocasionados en la nave industrial.