La gestora del 112 Cantabria que atendió la llamada de un vecino de Monte alertando del mal estado de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, y que trasladó ese aviso a la Policía Local, se ha incorporado formalmente al procedimiento penal que instruye la magistrada del Juzgado de Instrucción de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de la ciudad, según ha confirmado Europa Press a partir de fuentes jurídicas.
La jueza que dirige las pesquisas por el colapso de la estructura de madera, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes a comienzos de marzo, decidió a finales de ese mes, tras tomar declaración a la trabajadora del Servicio de Emergencias, cambiar su condición procesal de testigo a investigada, con el objetivo de salvaguardar su derecho de defensa. Esta nueva situación le reconoce, entre otros derechos, el de no declarar, no reconocerse culpable y contar con asistencia letrada.
De hecho, la magistrada ya había advertido previamente a esta trabajadora que acudiera a la primera citación acompañada de abogado, ante la posibilidad de que, durante su testimonio, se modificara su estatus procesal, como finalmente ocurrió.
Con este cambio, el número de personas investigadas en las diligencias abiertas por el siniestro del 3 de marzo asciende a cuatro. En aquel suceso resultó también herida de gravedad una séptima joven, natural de Álava y alumna del CIFP La Granja de Heras, igual que las seis víctimas mortales, procedentes de Cantabria, Guadalajara, Almería y 3 de Vizcaya.
La empleada del 112 –que trabaja a través de la empresa Osventos, adjudicataria del servicio de emergencias– se añadió el 27 de marzo a la condición que ya ostentaba desde el inicio del procedimiento la agente de la Policía Local que recibió su llamada y no tramitó la incidencia, y que posteriormente se extendió a dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.
En concreto, figuran como investigados el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en su calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenece la pasarela siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez. Para la instructora, la administración central es “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” del puente, al tratarse de obras ejecutadas dentro de un proyecto aún no concluido ni recepcionado por el Ayuntamiento.
Asimismo, la jueza aprecia “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”. En el marco de las últimas diligencias acordadas esta semana, tiene previsto citar a declarar a la jefa de obra y a los operarios que realizaron trabajos de mantenimiento en verano de 2024, así como al ingeniero industrial que firmó el proyecto de pasarelas de 2014.
Paralelamente, ha solicitado al perito judicial designado para determinar las causas del derrumbe que precise de qué material estaban fabricados los herrajes de apoyo de la estructura, si el proyecto contemplaba que fueran de acero inoxidable y si éste se ajustaba a la normativa vigente. Según el acta de la inspección de la Policía Científica, “todos” los elementos metálicos de la estructura estaban “completamente oxidados”, en especial aquellos que “sustentan las vigas”.
Por otro lado, y en relación con la “crucial llamada” de advertencia realizada el día anterior a la tragedia, la magistrada pretende aclarar si la Policía Local dispone de un protocolo específico para gestionar avisos procedentes del 112. Para ello, interrogará como testigos a los mandos y compañeros de la agente municipal y de la gestora del 112 investigadas, ambas en situación de baja laboral tras los hechos.
Con la personación de esta última, el procedimiento suma ya catorce partes personadas. Entre ellas figuran la propia agente de la Policía Local, el jefe de la Demarcación de Costas, la Dirección de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Santander –ambas administraciones en calidad de posibles responsables civiles–, la Fiscalía, la única superviviente del siniestro y los familiares de las seis jóvenes fallecidas, una de ellas representada por dos letrados.