La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha recibido con satisfacción la aprobación del Real Decreto que fija la obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos en un plazo de dos años, aunque ha reclamado que el desarrollo reglamentario sea más rápido y que el futuro listado de morosos tenga una mayor visibilidad pública para asegurar su efectividad.
A través de un comunicado, la entidad recuerda que esta iniciativa, incluida en la Ley Crea y Crece, en vigor desde 2022, representa un paso adelante en el control de la facturación en España, si bien advierte de que debe complementarse con “instrumentos adicionales que permitan reducir de forma efectiva los plazos de pago”.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha remarcado que “la factura electrónica es un paso en la dirección correcta, pero solo será efectiva si se acompaña de mayor transparencia, desarrollo normativo ágil y un sistema sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos legales de pago”.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo Real Decreto persigue “corregir uno de los principales obstáculos al crecimiento empresarial”, en referencia a la falta de liquidez generada por los largos periodos de pago, especialmente en las grandes corporaciones.
De acuerdo con el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, únicamente el 14% de las grandes compañías en España paga sus facturas dentro del plazo legal, frente al 51% de las microempresas.
En este contexto, Cañete ha incidido en que la generalización de la factura electrónica facilitará disponer de datos más fiables sobre los hábitos de pago, algo que, a su entender, será “clave” para el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. “Si se utiliza correctamente, este instrumento puede convertirse en un elemento disuasorio frente a prácticas de pago abusivas”, ha añadido.
Reclamo de mayor transparencia
No obstante, la PMcM ha recordado que la Ley Crea y Crece contempla también la creación de un registro público de empresas que incumplen los plazos, una herramienta que todavía no se ha puesto en marcha. En este punto, la organización ha advertido de que el diseño previsto “podría limitar su utilidad”.
“La publicación del listado de morosos no puede ser simbólica ni de difícil acceso; debe ser visible, permanente y fácilmente localizable para que cumpla su función”, ha señalado Cañete, que ha criticado que el acceso a estos datos sea “temporal y no indexable en buscadores”, lo que, en su opinión, mermaría su alcance.
Al mismo tiempo, la plataforma ha pedido al Gobierno que acelere la aprobación del reglamento que debe desarrollar la factura electrónica. “Es fundamental que se apruebe con la máxima celeridad para evitar retrasos en su aplicación y garantizar que las empresas puedan adaptarse en los plazos previstos”, ha indicado Cañete.
Sanciones y marco europeo
A pesar de los avances, la PMcM insiste en que la disminución real de la morosidad solo será posible si se establece un régimen sancionador eficaz. “Sin sanciones, la morosidad seguirá siendo una práctica habitual; necesitamos mecanismos que obliguen al cumplimiento de la ley”, ha recalcado su presidente.
En paralelo, la organización ha expresado su confianza en la tramitación del Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en discusión en el Consejo Europeo, que plantea fijar plazos de pago de 30 días, ampliables a 60 en determinados supuestos, junto con sanciones para las empresas que no respeten estos límites.
Sin embargo, las divergencias entre los Estados miembros están dificultando el acuerdo final. Ante este escenario, Cañete ha pedido una mayor implicación de las instituciones y ha alertado de que la morosidad es “un problema estructural que penaliza especialmente a las pequeñas empresas”, al tiempo que ha subrayado que la Comisión Europea mantiene este asunto como una prioridad en su agenda para el 2026.