La Policía Nacional ha sostenido durante el juicio que una de las personas acusadas por el asesinato de un joven de 21 años a las puertas de la discoteca CañaBrava de Fuenlabrada dio la orden, en calidad de 'Suprema' del Coro de Campamento de los Dominicans Don't Play (DDP), para que varios menores ejecutaran en octubre de 2022 el crimen como represalia por una agresión previa de trinitarios.
Así lo ha expuesto en la vista oral el jefe del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, en el proceso contra cuatro acusados, entre ellos los supuestos ideólogos del ataque y otros miembros intermedios de la estructura. Por estos mismos hechos ya fueron condenados dos menores de edad como autores materiales.
En su declaración, el instructor ha afirmado, a partir de las investigaciones policiales, que el acusado señalado como cabecilla fue quien mandó a los menores llevar a cabo el asesinato. “Las órdenes --del jefe-- llegan a través de otros”, ha manifestado. La defensa del procesado mantiene, sin embargo, que no existe prueba que acredite que su cliente ejerciera como jefe, recordando que se encuentra en prisión desde 2017 por un delito de estafa.
Los agentes consideran probado que los procesados formaban parte de la citada banda juvenil al cumplir distintos indicadores, como el uso de ropa negra, antecedentes por tenencia de armas, detenciones previas con machetes y otros elementos característicos.
Dispositivo policial y antecedentes del concierto
El mando policial ha detallado que el operativo desplegado el día del crimen catalogó el concierto celebrado en la discoteca Cañabrava como de riesgo, al actuar un artista vinculado al entorno de la banda rival de los Trinitarios.
Según el instructor, en un concierto anterior del artista Rochy RD en Madrid ya se había producido un enfrentamiento entre miembros del coro Torrejón de los Trinitarios y del coro Campamento de los DDP, que terminó en un tiroteo y con un integrante de los Trinitarios herido por arma blanca.
El informe forense concluyó que la víctima mortal presentaba lesiones compatibles tanto con impactos de arma de fuego como con heridas de arma blanca. El departamento de balística elaboró un plano con los indicios recogidos y localizó tres proyectiles deformados, lo que sugiere al menos tres disparos, además de un cuarto, ya que otra víctima no mortal tenía una bala alojada en el cuerpo. Otro joven identificado también sufrió un disparo, mientras que a una tercera persona le tiraron en dos ocasiones sin alcanzarla.
Uno de los testigos relacionó desde el primer momento el crimen con la actividad de bandas juveniles y explicó que había visto imágenes del fallecido poco antes haciendo el gesto conocido como “patria”, vinculado a los Trinitarios. Otro testigo aseguró haber observado a dos individuos con pasamontañas negros que, tras el ataque, subieron a una furgoneta blanca similar a las de reparto, aportando una matrícula parcial que comenzaba por el número 50 y describiendo al conductor como un hombre con barba.
De acuerdo con el agente, los vídeos difundidos en redes sirvieron para confirmar la presunta vinculación de varias de las víctimas con los Trinitarios, así como para identificar amenazas previas desde su entorno hacia miembros de DDP. Aunque el fallecido no constaba oficialmente como integrante de la banda, diversas fotografías lo situaban próximo a ese grupo.
La furgoneta empleada en la huida se convirtió en una de las claves de la investigación. El vehículo había sido robado en la zona de Colonia Jardín y fue localizado más tarde en un taller del distrito de Latina el 5 de octubre. Además, en una placa de matrícula hallada en las inmediaciones apareció una huella, y los investigadores comprobaron que dicha placa también había sido sustraída en el mismo barrio.
El análisis del tráfico telefónico reveló múltiples comunicaciones entre los acusados y el menor considerado autor material de los disparos, ya condenado en la jurisdicción de menores. Según explicó el policía, en una de esas llamadas el menor contacta con otro de los procesados para “activar” el asesinato.
Llamadas, planificación y móvil del ataque
El volumen de llamadas entre los implicados aumentó a partir del 4 de octubre, aunque en determinados momentos no contestaban, lo que, a juicio de los investigadores, evidenciaría medidas de seguridad como apagar los terminales o dejarlos en otro lugar.
Para la Policía, el conjunto de indicios demuestra que el asesinato no fue un hecho fortuito, sino una acción preparada con antelación en el marco de la rivalidad entre bandas juveniles. “Entendemos que fue una acción planificada”, ha recalcado el instructor.
El agente ha indicado que el ataque encaja con lo que en el argot de bandas se denomina “una vuelta”, es decir, una venganza por una agresión anterior que habría requerido la autorización del “Suprema”. “Es habitual que se venguen. Atacaron a personadas destacadas”, ha señalado.
Uno de los menores ya condenados por estos hechos declaró ayer en la vista que fue el autor material del disparo en la cabeza que causó la muerte al joven, pero aseguró que actuó por decisión propia tras levantarse ese día “rayado” y que nadie de la banda DDP le dio la orden de cometer el asesinato.
La Fiscalía imputa a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su pertenencia a organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y varios delitos vinculados a la tenencia de armas. Para uno de ellos, señalado como supuesto jefe del citado coro, reclama prisión permanente revisable y 78 años de cárcel.
Otro de los procesados se enfrenta a una solicitud de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un tercero está acusado como cooperador necesario en el asesinato y en los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.