La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha trasladado a la Comisión Europea su inquietud por el progresivo deterioro de las garantías del Estado de derecho en España.
Mediante una nota de prensa, la APM ha explicado que este martes ha intervenido en una reunión de la Comisión Europea para la preparación del Informe sobre el Estado de Derecho 2026, en la que ha puesto de manifiesto la falta de avances de calado en materia de independencia judicial, equilibrio entre poderes y dotación de recursos.
La organización ha incidido en que continúa sin cumplirse la recomendación europea sobre la reforma del sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial, subrayando que, “pese a la renovación del órgano, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros”.
También ha manifestado su preocupación por las reformas anunciadas en el acceso a las carreras judicial y fiscal, al entender que desplazan el control de los procesos selectivos hacia el poder ejecutivo.
Respecto a la Ley Orgánica 1/2025 y la creación de los Tribunales de Instancia, la APM ha avisado de “serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología”.
La asociación ha hecho llegar igualmente su malestar por “determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales, por la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal y por la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria”.
Finalmente, la APM ha reafirmado su compromiso con el Estado de derecho y con las instituciones comunitarias, recalcando que lo que se reclama no son privilegios, sino condiciones estructurales adecuadas para que la Justicia pueda desempeñar su papel constitucional.
AJFV, inquieta por la “falta de avances reales”
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha trasladado igualmente a la UE su preocupación “por la falta de avances reales en la adaptación del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos”, según ha indicado en otro comunicado.
En opinión de esta asociación, “ni se ha remitido al Parlamento una propuesta consensuada conforme al mandato legal, ni las iniciativas planteadas hasta la fecha garantizan una elección alineada con las exigencias de independencia institucional”.
En cuanto a la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, AJFV se pronuncia a favor de “un modelo basado en los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad”, al considerar que ha sido el que “ha garantizado históricamente la transparencia, la seguridad jurídica y la independencia frente a la discrecionalidad política”.
En este contexto, valora positivamente la convocatoria de 500 plazas para juez anunciada la semana pasada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque al mismo tiempo manifiesta “dudas” sobre “procesos extraordinarios de estabilización”.
Como viene sosteniendo, la asociación insiste en que “los problemas estructurales de la Justicia española”, entre ellos la “sobrecarga de trabajo, falta de medios y desigual distribución de recursos”, no pueden “resolverse únicamente mediante reformas organizativas”, en alusión a la Ley de Eficiencia de la Justicia.
AJFV muestra además su “profunda preocupación por las reiteradas declaraciones públicas de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo que cuestionan resoluciones judiciales o atribuyen motivaciones políticas a los jueces”.
“Este tipo de manifestaciones, aun cuando la crítica institucional sea legítima, resulta especialmente grave cuando puede percibirse como presión sobre los tribunales o como deslegitimación del Poder Judicial”, sostiene la asociación.
Asimismo, advierte del “riesgo de injerencia política” que, a su juicio, se desprende de determinadas iniciativas legislativas, como “la nueva organización judicial, la posible modificación del régimen de financiación de las asociaciones judiciales, las propuestas de limitación de la acción popular y la reforma de la instrucción penal para atribuirla al Ministerio Fiscal sin reforzar previamente su autonomía”.
JJpD denuncia la “descalificación” de los tribunales
Por otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha planteado ante la UE “problemas de deslegitimación del Tribunal Constitucional por quienes impulsan una campaña de desprestigio de esta institución esencial para el sistema democrático”.
En la misma línea, la asociación sostiene en un comunicado que es “admisible y democrática la crítica a las resoluciones judiciales”, pero que no debe caerse “en la descalificación del tribunal que las dicta”.
Asimismo, ha remitido un informe que recoge dos alternativas sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ, inclinándose JJpD por la “elección judicial de candidaturas que luego designe el parlamento”.
Sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, JJpD expone que respalda el sistema “de doble acceso a la carrera judicial, tanto por el turno libre como el cuarto turno, celebrando que el proyecto de ley sobre esta materia disponga un sistema de becas que permita acceder a la carrera judicial y fiscal”.
Del mismo modo que AJFV, JJpD ha comunicado “problemas de implantación” de las reformas de la Ley de Eficiencia, si bien la valora “positivamente” porque “fomenta la especialización, que redundará en eficacia y en eficiencia”.
Además, aplaude la convocatoria de 500 plazas para jueces, pero reprocha “la falta de instrucciones por el CGPJ para poner en marcha esta reforma, puesto que deberían haberse reformado hasta cinco de su reglamentos, que siguen en vigor con una regulación legal que no se adapta provocando disfunciones”.