La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha comunicado al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez que desembolsó un total de 113.509,32 euros para el desarrollo del 'software' que está en el centro de la investigación por una posible apropiación indebida atribuida a la esposa del presidente del Gobierno.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la UCM solicita al magistrado Juan Carlos Peinado que “tenga por cuantificada de forma provisional la responsabilidad civil” en dicha cantidad. La Complutense pide, además, que “se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones”.
La institución académica detalla en su informe que 108.765,79 euros se destinaron de forma directa al desarrollo del 'software', mientras que el resto responde al “coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación”.
Durante su declaración ante el juez, la esposa de Pedro Sánchez rechazó, a preguntas de su defensa, haberse apropiado de las marcas registradas TSC Transformación Social Competitiva o del 'software' vinculado a la cátedra que dirigía y que --según subrayó-- había sido sufragado por empresas, negando así cualquier ánimo de lucro.
Indra comunica que no localiza actas de reuniones
Paralelamente, Indra ha remitido al juez Peinado un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia, en el que afirma que no ha hallado “ningún acta levantada” sobre reuniones relativas al citado 'software'.
El instructor había requerido a esta compañía y a otras mercantiles que aportaran agendas y actas de todas las reuniones celebradas en torno al desarrollo de la plataforma digital alojada en “transformatsc.org”.
En su respuesta, Indra indica que ha efectuado una búsqueda interna y que “no existe en los sistemas del grupo ningún acta levantada por empleados relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org”.
“Tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid”, añade la compañía.
Cinco delitos en el centro de la causa
Begoña Gómez figura en la causa como investigada por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
La investigación se articula en cuatro grandes líneas: el supuesto tráfico de influencias en beneficio del empresario también investigado Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de los dos másteres que Gómez codirigía en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' asociado a dicha cátedra; y el nombramiento en Moncloa de Cristina Álvarez como asesora, igualmente imputada y que habría intervenido en gestiones con distintas empresas.