La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha puesto en marcha entre sus miembros una campaña de apoyo económico destinada al “el abono de las responsabilidades económicas derivadas” de la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La resolución del alto tribunal contempla, además de dos años de inhabilitación, el pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por la revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La iniciativa se ha dado a conocer este lunes mediante una nota de prensa de la propia UPF, en la que se recalca que la campaña es “de carácter estrictamente voluntario y solidario”.
La asociación, de la que García Ortiz formó parte, ha reiterado su respaldo “desde el inicio” a la inocencia del ex fiscal general. Ha remarcado que “seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales” que la actuación del entonces máximo responsable del Ministerio Público “tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal”.
En el comunicado, la UPF subraya que “mientras se activan y se seguirán activando los mecanismos legales para combatir una condena que consideramos injusta, la asociación entiende que no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce”.
Por este motivo, la organización profesional precisa que su propuesta “no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana”.
Asimismo, incide en que la campaña es “de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de derecho”.
En paralelo, la UPF mantiene activa una campaña de recogida de firmas para solicitar el indulto de García Ortiz, al entender que se trata de “una necesidad democrática”. Esta iniciativa supera ya las 15.000 adhesiones.
El Supremo ejecuta la condena contra García Ortiz
El Tribunal Supremo acordó el pasado 12 de diciembre ejecutar la sentencia y reclamó a García Ortiz el ingreso de las cantidades fijadas en la cuenta de depósitos y consignaciones del TS, según consta en un auto al que tuvo acceso Europa Press.
En la misma resolución, el alto tribunal ordenó remitir “copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, a los efectos oportunos”.
Álvaro García Ortiz presentó su renuncia como fiscal general el 24 de noviembre, cuatro días después de hacerse público el fallo —que se avanzó sin el texto íntegro de la sentencia ante el temor a filtraciones—, y fue cesado oficialmente el 9 de diciembre. Su sustituta, Teresa Peramato, especialista en la lucha contra la violencia de género, ya ha tomado posesión del cargo como nueva fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales citadas por Europa Press señalan que será la Inspección Fiscal la encargada de determinar cómo afecta la sentencia al estatus de García Ortiz dentro de la carrera fiscal.