La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha comunicado que “se ha alcanzado íntegramente el importe necesario” para hacer frente a la sanción económica que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por la revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una nota difundida este jueves, la asociación detalla que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” han respondido al llamamiento, “que no era económico, sino ético”, lanzado hace ahora un mes para respaldar a García Ortiz en el pago de la multa de 7.200 euros y de la indemnización de 10.000 euros fijadas por el Supremo, además de los dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo.
La UPF, que ha sostenido públicamente la corrección de la actuación y la inocencia del ex fiscal general, subraya en su comunicado que “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”.
Apoyo ciudadano a la campaña de la UPF
Junto al respaldo interno de la carrera fiscal, la organización ha explicado que también han recibido “mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal”, se han dirigido a la UPF “para manifestar su deseo de colaborar”, algo que “así finalmente han hecho”.
En el texto, la asociación recuerda que “Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos”.
La UPF, de la que formó parte García Ortiz, puso en marcha hace exactamente un mes una campaña de aportaciones “de carácter estrictamente voluntario y solidario” con el objetivo de cubrir “el abono de las responsabilidades económicas derivadas” de la condena dictada por el TS.