El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, investigado por una supuesta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016, ha defendido este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona que, en todo caso, se trataría “de un incumplimiento contractual, pero en ningún caso de una estafa o un engaño”, según ha explicado su abogado, Jordi Pujante, tras la declaración.
El auto al que ha tenido acceso Europa Press detalla que la querellante, en el marco de su actividad como inversora, conoció a mediados de 2016 dos propuestas de inversión a través de un agente de banca privada “que presentaban condiciones atractivas”.
La primera consistía en aportar 50.000 euros a un contrato de préstamo en Core Store, una sociedad con sede en España que ofrecía una rentabilidad del 6%, destinando el capital a un plan estratégico para lograr el ascenso del Club de Futbol Reus Deportiu de Segunda División B a Segunda División A.
La segunda oportunidad era invertir 54.000 euros en la suscripción de acciones de CSSB Limited, una compañía con sede en Hong Kong, orientada a financiar un proyecto de creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en La Masía del Fútbol Club Barcelona.
Según la querella, la inversora destinó un total de 104.000 euros a ambas sociedades, con las que los investigados —entre ellos Laporta, el vicepresidente del club blaugrana, Rafael Yuste; el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver— tendrían presuntamente algún tipo de vinculación. De ese importe, solo habría recuperado 12.500 euros en 2024.
No obstante, el abogado de Laporta ha asegurado que entre 2023 y 2024 se abonaron íntegramente los intereses de la inversión en Core Store y que entre 2024 y 2025 se devolvió, si no el 100%, “tres cuartas partes” del capital invertido en dicha sociedad. Este extremo también lo ha admitido el letrado de la inversora, Pepe Oriola, quien ha precisado que su clienta ha recuperado 35.000 de los 50.000 euros.
Pujante ha recalcado que Laporta ejerció como administrador solidario de Core Store hasta 2019, pero que nunca tuvo relación societaria con CSSB Limited, y ha insistido en que tampoco se utilizó su figura como “gancho” para comercializar productos financieros.
El representante legal del presidente azulgrana sostiene que “no hay un caso penal”, y que, en su caso, cualquier controversia debería dirimirse en la jurisdicción civil. Ha defendido, además, que Laporta no participó en la firma de este contrato “ni en ningún otro”, según sus palabras.
Preguntado por el motivo por el que no se informó a la inversora de que el Reus arrastraba pérdidas y se encontraba en situación de impago cuando se le planteó la inversión, el abogado ha explicado que Laporta “desconocía” esos detalles porque no era la persona encargada de la gestión del proyecto. Se ha mostrado, además, optimista sobre la evolución de la causa y confía en que la investigación se archive en un plazo breve.
Otros tres investigados sin fecha de declaración
Laporta, que ha contestado a todas las partes durante su comparecencia, se ha limitado a señalar a la salida de los juzgados que “ha ido bien”.
Estaba previsto que este viernes también declararan Rafael Yuste, Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, pero, según fuentes judiciales consultadas, no han comparecido al no habérseles notificado la citación a tiempo. Por ahora, sus nuevas fechas de declaración permanecen sin concretar.