Las defensas de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado “yonki del dinero”, y de otros cuatro procesados han planteado la prescripción de los delitos y distintas nulidades con el objetivo de paralizar la pieza E del caso Imelsa, procedimiento por el que desde este lunes se sientan en el banquillo en los juzgados de València.
En esta pieza figuran como acusados cinco personas: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just; y tres representantes legales o apoderados de mercantiles adjudicatarias: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
La Fiscalía solicita de forma provisional para Benavent, que antes de su etapa en Imelsa trabajó en la Fundación Jaume II el Just, una condena de seis años y medio de prisión por delitos de cohecho –en calidad de cooperador–, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, el ministerio público reclama una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
El fiscal pide igualmente cinco años de prisión para Vicente Burgos, exmarido de Alcón, y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
La pieza E del caso Imelsa se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007, periodo en el que estaba al frente la fallecida María José Alcón. Los expedientes investigados se refieren a trabajos de limpieza, consolidación, restauración y mantenimiento de distintos monumentos de la ciudad, entre ellos La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y de la Trinidad. El contrato para el Centro Cultural de la Rambleta también se examinó inicialmente, pero esa parte se archivó en 2017.
En la vista celebrada hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, dedicada a resolver cuestiones previas, las defensas han planteado la prescripción de los delitos y la nulidad de registros practicados en domicilios y sedes de empresas.
El letrado de Benavent ha cuestionado la investigación impulsada por Rosa Pérez, que entregó a la Fiscalía un pendrive con grabaciones e imágenes que han sido puestas en entredicho y que dieron origen al procedimiento.
Del mismo modo, este abogado ha reclamado la nulidad del auto de entrada y registro de 25 de enero de 2016 relativo al domicilio particular de Alcón, al de los empresarios acusados y a la sede de la Fundación Jaume II. Ha argumentado que la resolución no está “suficientemente motivado” y que se habría vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, con impacto en la tutela judicial efectiva.
El defensor de Vicente Burgos ha sostenido que el delito que se le atribuye está prescrito, al considerar que ya han pasado los 10 años que fija la ley. Esta misma tesis sobre la prescripción ha sido asumida por los abogados de los otros tres empresarios procesados.
Frente a estas alegaciones, la Fiscalía ha defendido la legalidad de las grabaciones aportadas por Rosa Pérez y de los registros realizados tanto en viviendas como en empresas. Asimismo, ha rechazado que se haya producido prescripción alguna y ha subrayado que Benavent “estaba cobrando sin estar trabajando”. “Se le acusa de un delito de malversación porque tenía perfectamente conocimiento de que no trabajaba en la entidad. Decía que trabajaba para el PP”, ha señalado el fiscal. La Sala ha adelantado que las cuestiones planteadas y las posibles nulidades se resolverán en la sentencia.
“Yo no soy zombie”: la llegada de Benavent a los juzgados
Benavent, que ha acudido a la Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado, Juan Carlos Navarro, ha manifestado ante los medios de comunicación: “Yo no soy zombie. Los zombies son otros”. Preguntado por si realmente trabajaba en la entidad, ha respondido: “Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro”.
Según el escrito de acusación, Benavent fue “colocado” por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, “el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales”.
El 26 de diciembre de 2017 la Generalitat acordó la extinción de la fundación, asumiendo las cuentas públicas unas pérdidas superiores a 13 millones de euros, “la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe”, recoge la Fiscalía.
Durante esos años –siempre conforme al escrito fiscal–, “Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato”. Estas cantidades eran recaudadas por Benavent y posteriormente repartidas.