Las defensas de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado “yonki del dinero”, y de otros cuatro procesados han planteado la prescripción de los delitos y diversas nulidades con el objetivo de frenar la pieza E del caso Imelsa, procedimiento por el que desde este lunes se sientan en el banquillo en los juzgados de València.
En esta pieza figuran cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just; y tres representantes o apoderados de mercantiles adjudicatarias: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
La Fiscalía solicita de forma provisional para Benavent, que antes de su etapa en Imelsa fue empleado de la Fundación Jaume II el Just, una condena de seis años y medio de prisión por delitos de cohecho –como cooperador–, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, el ministerio público reclama una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
El fiscal pide igualmente cinco años de prisión para Vicente Burgos, exmarido de Alcón, y penas de tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
La pieza E del caso Imelsa se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2007, etapa en la que estaba al frente la ya fallecida María José Alcón. Los expedientes investigados se refieren a trabajos de limpieza, consolidación, restauración y mantenimiento de distintos monumentos de la ciudad, como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y de la Trinidad. También abarcan la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición del festival de cine de la Mostra.
En la vista celebrada hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, dedicada a las cuestiones previas, las defensas han planteado la prescripción de los delitos y han cuestionado la validez de los registros practicados en domicilios y sedes de empresas.
El letrado de Benavent ha impugnado la investigación impulsada por Rosa Pérez, quien aportó a la Fiscalía un pendrive con grabaciones e imágenes que han sido puestas en duda y que dieron origen al procedimiento.
Del mismo modo, este abogado ha solicitado la nulidad del auto de entrada y registro de 25 de enero de 2016 relativo al domicilio particular de Alcón, a los otros empresarios acusados y a la Fundación Jaume II. Ha defendido que la resolución no está “suficientemente motivado” y que se habría vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, afectando a la tutela judicial efectiva.
Por su parte, la defensa de Vicente Burgos ha sostenido que el delito atribuido a su cliente está prescrito, al considerar que ya han pasado los 10 años previstos en la ley. Esta misma tesis de prescripción ha sido asumida por los abogados de los otros tres empresarios encausados.
Frente a estas alegaciones, la Fiscalía ha defendido la plena validez de las grabaciones entregadas por Rosa Pérez y de los registros practicados tanto en viviendas como en empresas. Igualmente, ha rechazado que se haya producido prescripción alguna y ha subrayado que Benavent “estaba cobrando sin estar trabajando”. “Se le acusa de un delito de malversación porque tenía perfectamente conocimiento de que no trabajaba en la entidad. Decía que trabajaba para el PP”, ha indicado el representante del ministerio público. La Sala ha avanzado que las cuestiones de nulidad y prescripción se resolverán en la sentencia.
“YO NO SOY ZOMBIE”
Benavent, que ha llegado a los juzgados acompañado de su abogado, Juan Carlos Navarro, ha manifestado ante los medios de comunicación: “Yo no soy zombie. Los zombies son otros”. Preguntado si realmente trabajaba en la entidad, ha respondido: “Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro”.
Según el escrito de acusación, Benavent fue “colocado” por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, “el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales”.
El 26 de diciembre de 2017 la Generalitat acordó la extinción de la fundación, asumiendo las cuentas públicas unas pérdidas superiores a 13 millones de euros, “la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe”, recoge el fiscal.
Durante esos años –siempre conforme al mismo escrito–, “Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato”. Ese dinero era recaudado por Benavent y posteriormente repartido.