La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las dos organizaciones mayoritarias de la carrera judicial, han reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “respeto” y “responsabilidad institucional” ante decisiones como la del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.
A través de un comunicado, la APM, la asociación con mayor número de miembros, ha calificado de “inadmisible” que “un miembro del Gobierno” como Bolaños respondiera a dicha resolución judicial afirmando que Peinado “ha avergonzado a muchos ciudadanos” y también “a muchos jueces y magistrados”.
La APM ha subrayado este martes que, “en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos”.
En este sentido, ha recordado que esos mecanismos “existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción”.
La asociación ha incidido en que los jueces “no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos”, sino “respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”.
Asimismo, ha apuntado que lo “deseable” sería que el Ministerio de Justicia “concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia”.
A su entender, “y singularmente, en las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia”, en lugar de hacer “valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación”.
AJFV ve un “ataque directo” a la independencia judicial
Por su lado, AJFV manifestó este lunes su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.
En otro comunicado, la segunda asociación con más representación en la judicatura reprochó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes.
En consecuencia, exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.
“Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división”, advirtió, al tiempo que recalcó que “preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden”.
La asociación concluyó su nota expresando su “decepción” porque “se utilice” un acto como la presentación de las becas SERÉ --una ayuda económica para quienes se preparen las oposiciones de acceso al Poder Judicial-- para lanzar este tipo de mensajes, “restando valor a la importancia de este tipo de ayudas que muchos opositores necesitan para el acceso a la carrera judicial y fiscal”.