Las fiscalías provinciales de Andalucía han decidido archivar nueve de las quince denuncias que se interpusieron en su momento por presuntos errores en los programas de cribado de cáncer de mama en la comunidad, al no apreciarse indicios de ilícito penal, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía Superior de Andalucía ya había decretado el pasado mes de febrero el archivo de las tres denuncias dirigidas contra altos cargos de la Consejería de Sanidad, dos de ellos aforados. Al mismo tiempo, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias formuladas por 15 mujeres por supuestas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, con el objetivo de que se continuara la investigación de forma individualizada en cada territorio.
De ese conjunto de denuncias, se han sobreseído dos en la Fiscalía de Almería, otras dos en Granada, dos más en Sevilla, dos en Jaén y una en Málaga, al no constatarse indicios de delito, tal y como corroboran desde el Ministerio Fiscal y adelanta el diario “Ideal”. En estos momentos permanecen abiertas tres diligencias en Sevilla y otras dos en Málaga.
A esas 14 denuncias se añade otra más presentada en Almería, relativa a una patología distinta al cáncer de mama, sobre la que la Fiscalía sí ha formulado denuncia ante los juzgados competentes, según han precisado a Europa Press las mismas fuentes.
Las denuncias que llegaron a las distintas fiscalías provinciales aludían a posibles fallos en el protocolo de cribado de cáncer de mama, especialmente en lo referente a la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes o “dudosos”, a la falta de comunicación de las pruebas realizadas, a la carencia de atención médica por parte de facultativos de atención primaria, a la imposibilidad de identificar a las afectadas por la inexistencia o ausencia de datos personales, teléfono o correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario, así como a la prestación de asistencia en el ámbito de la sanidad privada.
Con el envío de estas diligencias a las fiscalías territoriales se buscaba esclarecer los hechos en el entorno más cercano a las mujeres afectadas, con el propósito de determinar si podían constituir delito y quiénes serían, en su caso, los responsables.
En los casos denunciados por las afectadas no se apreciaba “un patrón” común que permitiera agruparlos o vincularlos con una responsabilidad que trascendiera a los concretos profesionales intervinientes en cada proceso, que no coinciden entre sí, por lo que la Fiscalía andaluza concluyó que debían “ser investigados de manera individual y separada”.