La Fiscalía ha advertido que las grabaciones originales de las presuntas escuchas ilegales realizadas en el despacho de la Alcaldía de Láchar (Granada), cuando el municipio estaba gobernado por el socialista Pedro Sánchez, no figuran incorporadas formalmente en la causa.
En este procedimiento se investiga a la exalcaldesa de IU María Nieves López por la supuesta captación y difusión de dichos audios, que se habrían propagado a través de grupos de Whatsapp entre vecinos del municipio.
La causa se encuentra en una fase avanzada y la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe, plaza número 4, ya había dado traslado a las partes para que solicitaran la apertura de juicio oral, presentando sus escritos de acusación, o bien interesaran el sobreseimiento.
No obstante, tras una revisión completa de las diligencias se ha comprobado que no consta en el procedimiento ningún archivo digital que recoja esas supuestas grabaciones, tal y como han puesto de manifiesto tanto la Fiscalía como la defensa de la exregidora en sendos escritos a los que ha tenido acceso Europa Press.
El Ministerio Público ha interesado que, para poder efectuar una correcta calificación jurídica de los hechos, se incorpore a la causa el contenido íntegro de los archivos obtenidos del teléfono móvil de la exalcaldesa y de un USB, sobre los que la Guardia Civil ya remitió en su momento un informe al Juzgado analizando dichas escuchas.
Asimismo, solicita que se libre oficio al Instituto Armado para que facilite al Juzgado el acceso a esos archivos digitales “garantizando su integridad y custodia”.
Por su parte, la defensa de María Nieves López, representada por el despacho Aránguez Abogados, ha registrado otro escrito en el que subraya que la ausencia de estos archivos “no es una mera cuestión formal” sino que repercute directamente en el objeto material del presunto delito de revelación de secretos que se le imputa.
La representación legal incide en que los audios extraídos del terminal móvil y de los USB no constituyen en este momento “elemento probatorio incorporado válidamente a la causa” y que ello impide a esta parte “ejercer de forma plena y efectiva su derecho de defensa”.
“Más preocupante aún”, añade, es que no resulta posible verificar la “autenticidad o posible manipulación” de las grabaciones mediante una contra pericial que permita examinar su origen, contexto, integridad o fecha.
En consecuencia, la defensa de la exregidora considera que no es “jurídicamente admisible que dicha carencia probatoria pretenda suplirse mediante testimonios de referencia, recuerdos subjetivos de testigos, pantallazos, menciones indirectas o cualquier otro medio que no puede sustituir la necesaria incorporación del objeto material del delito”.
El escrito también apunta a una posible ruptura de la cadena de custodia, a lo que suma que el teléfono móvil de su clienta fue intervenido “sin autorización judicial” y que en los sobres con los que habrían llegado los audios a distintos vecinos, y que fueron sometidos a pruebas de ADN, no se halló rastro alguno que la vincule como presunta remitente.
La denuncia presentada en su día por el entonces alcalde socialista de Láchar, Pedro Sánchez, tras la difusión de estos audios a comienzos de mayo del año pasado, dio origen a la investigación judicial sobre la exalcaldesa de IU y al inicio de conversaciones entre esta coalición y el PP para una moción de censura que desembocó en la investidura de Elisabeth Barnes (IU) y la formación de un gobierno bipartito.