Las víctimas de la dana han mostrado su “cautela” ante la eventualidad de que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón pase a ser investigado en la causa y el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En todo caso, reclaman que la instrucción “continúe con el rigor que ha demostrado hasta ahora” y que la justicia no les “decepcione”.
Los principales colectivos de damnificados reaccionan así a la decisión de la jueza de Catarroja que indaga en la gestión de la dana, al remitir a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV una exposición razonada contra el que fuera jefe del Consell, tras apreciar una “inactividad negligente” el 29 de octubre de 2024 durante la barrancada que dejó 230 víctimas mortales y otra posible más aún en estudio.
La competencia para seguir la investigación sobre Mazón corresponde al TSJCV, ya que abandonó el cargo de president de la Generalitat pero conserva su escaño de diputado en Les Corts. En el procedimiento ya constan como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso.
La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, ha señalado a Europa Press que este movimiento de la instructora ha resultado “inesperado” para las familias y sus representantes, por lo que optan por mantener la “cautela a la espera de conocer bien los motivos” que se han expuesto.
Álvarez ha insistido en que Mazón tendría que haberse presentado a declarar de forma voluntaria, tal y como la magistrada le había requerido en varias ocasiones. Al mismo tiempo, ha destacado el trabajo de la jueza de Catarroja: “Confiamos absolutamente en esta jueza”.
En términos similares se ha pronunciado la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, que reitera su confianza en que la instrucción “continúe con el rigor que ha demostrado hasta ahora”. “Y que la justicia no nos decepcione, como hasta el momento lo ha hecho el gobierno valenciano”, han afirmado.
Responsabilidades políticas y judiciales
Esta entidad subraya que no entra a valorar las resoluciones judiciales ni a anticipar el desenlace del proceso. “Lo que sí hemos defendido desde el primer día es que, como máximo responsable político de la gestión del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón debería haber comparecido voluntariamente ante el juzgado para declarar y asumir responsabilidades por las decisiones y omisiones que marcaron aquella jornada”, recuerdan.
“De la gestión de aquel día --prosiguen-- existen responsabilidades políticas que no se han terminado de asumir: Carlos Mazón continúa como diputado, protegido por el gobierno de Pérez Llorca, al igual que otros miembros del Consell como Rovira, Camarero o Barrachina. Las responsabilidades penales se decidirán en sede judicial”.