El miércoles, la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha concedido la libertad al youtuber Álvaro Martín, más conocido como Valyrio, quien había sido encarcelado desde el 4 de julio por su supuesta vinculación en el hurto y comercialización de datos de entidades tanto públicas como privadas, supuestamente bajo la coordinación de Francisco Martínez, ex alto cargo del Ministerio del Interior.
Según información de ABC confirmada por fuentes legales a Europa Press, la responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 3 tomó esta medida en la tarde del miércoles tras asegurar las pruebas necesarias.
Martín fue aprehendido en mayo en Andorra y extraditado ese mismo día a España, donde se le tomó declaración el 4 de julio. En aquel momento, la jueza percibió un riesgo de fuga y de eliminación de pruebas, lo que motivó su ingreso en prisión.
La Audiencia Nacional sigue investigando la extracción ilegal de datos, su comercialización y el lavado de los beneficios obtenidos.
COBERTURA LEGAL A LA RED
La jueza ha identificado a Martínez como el coordinador jurídico y estratégico principal de la red criminal, también implicando al hacker José Luis Huertas Alcasec, quien permanece en prisión. La ‘Operación Borraska’ permitió desmantelar esta red, en la que Martínez habría jugado un papel crucial para su estabilidad y operación legal.
Las investigaciones sugieren que Martínez proporcionaba soporte legal a la organización, liderando asimismo las iniciativas de legitimación y blanqueo de imagen. En su declaración, Martínez negó enriquecimiento personal y limitó su rol al de asesor legal y personal de Alcasec, encargándose únicamente de la formación de empresas para el hacker, sin involucrarse en las actividades de estas.
Además, Martínez testificó que Alcasec estaba desarrollando un buscador con inteligencia artificial para organizar información de fuentes abiertas, sin observar irregularidades en su uso.
CIBERATAQUES CONSTANTES
La magistrada, sin embargo, considera que Martínez beneficiaba directamente de los datos obtenidos ilícitamente a través de la plataforma tecnológica desarrollada por la organización, destinada a la gestión masiva de información robada mediante ataques cibernéticos a sistemas privados y públicos.
Los detenidos enfrentan acusaciones de lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, violación de secretos, y delitos informáticos relacionados con el acceso y distribución ilícita de datos confidenciales.