La Asociación Liberum ha registrado una denuncia ante el Juzgado de Montoro (Córdoba), que instruye la investigación por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que han fallecido 41 personas hasta primeras horas de este martes. Paralelamente, el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias ha formalizado su personación en el procedimiento como acusación popular, “a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas”.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Liberum dirige su denuncia por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores”, contra dos altos cargos de Adif y uno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), además de “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”.
La asociación recuerda que el 18 de enero de 2026 se produjo un grave siniestro ferroviario cerca de Adamuz, en el que se vio involucrado un tren LD AV Iryo 6189 procedente de Málaga, con un balance provisional de 41 fallecidos y 152 heridos de distinta gravedad en el momento de interponer la denuncia, “además de cuantiosos daños materiales”.
En el escrito se subraya que “con fecha 8 de agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) remitió una comunicación formal y fehaciente a los hoy denunciados, en su calidad de máximos responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria”. En esa carta, el sindicato expresaba su “profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad”.
Advertencias previas sobre el estado de la red
En dicha comunicación se ponía de manifiesto la existencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que generaban una “falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. También se hacía constar que los maquinistas comunicaban estas incidencias “diariamente a los Responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.
Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, Semaf reclamó expresamente “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.
Sin embargo, según Liberum, “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de una medida correctora específica, razonable y proporcionada, los hoy denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, de modo que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.
Para la asociación, “con esta inacción, los denunciados incumplieron de forma flagrante su deber de garante de la seguridad de las personas trabajadoras y viajeras, aceptando la continuación de una situación de grave riesgo que les había sido formalmente comunicada”.
En esa línea, sostiene que “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, y que “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.
Posibles delitos y responsabilidades
La Asociación Liberum considera que “los hechos descritos son indiciariamente constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave por cada uno de los fallecidos y un delito de lesiones por imprudencia grave por cada uno de los heridos, previstos y penados en el Código Penal”. Añade que “la imprudencia reviste el carácter de grave al haberse omitido las más elementales normas de cuidado y diligencia exigibles a quienes ostentan la máxima responsabilidad en la seguridad ferroviaria, máxime tras haber sido advertidos de forma expresa y detallada del riesgo existente”.
Asimismo, apunta a “un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de omisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, al no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores (maquinistas) desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro su vida, salud e integridad física”.
Según la denuncia, “la responsabilidad de los denunciados se fundamenta en su posición de garante, derivada de los cargos que ostentan en Adif y en la Aesf, que les impone un deber jurídico específico de actuar para evitar riesgos en la circulación ferroviaria”, y “dicha posición se ve reforzada por el conocimiento efectivo del riesgo a través de la comunicación de Semaf”.
Diligencias solicitadas por Liberum
Para verificar los hechos, la asociación pide que se practiquen diversas diligencias de investigación, entre ellas la citación del secretario del Área Técnica de Semaf “para que se ratifique en el contenido del escrito de fecha 8 de agosto de 2025”, así como la declaración como investigados de los tres directivos señalados en la denuncia.
Igualmente, reclama que se libre oficio a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para que “aporten a la causa el expediente completo tramitado a raíz de la comunicación de Semaf de 8 de agosto de 2025, así como cualquier informe, resolución o actuación interna adoptada en relación con la misma”; y que se requiera a Adif para que “aporte copia de todos los partes de incidencias y comunicaciones internas de los maquinistas relativos a las deficiencias en las líneas 010, 030, 040 y 050 durante los seis meses anteriores al accidente”.
También solicita que “se designe perito judicial independiente, experto en infraestructuras ferroviarias, para que emita informe sobre el estado de la vía en el punto kilométrico del accidente y en el tramo afectado, determinando si existían las deficiencias descritas por Semaf y su posible relación causal con el siniestro”.
En su petición final, Liberum insta al juzgado a admitir el escrito, tener por formulada la denuncia contra las personas identificadas y, una vez acordadas las diligencias de investigación propuestas y cuantas otras se consideren oportunas, aceptar su personación como acusación popular en la causa que se abra.
Manos Limpias pide preservar las pruebas
Por otro lado, Manos Limpias ha solicitado al juzgado que incorpore su escrito a las actuaciones y reconozca su personación como acusación popular, recordando que “no es exigible a la acción popular la presentación de querella, dado que la causa está iniciada, conforme reiterada jurisprudencia”.
Con el objetivo de salvaguardar los indicios y elementos probatorios, el sindicato considera “necesario que antes de restablecerse el tráfico ferroviario se analicen las vías y se realicen vídeos del estado de las mismas, custodiándose los vagones afectados”, por lo que reclama “las medidas necesarias para preservarse los indicios y pruebas de los hechos objeto de la instrucción”.