La Asociación Liberum ha solicitado al juzgado que se nombre un perito judicial independiente, especializado en infraestructuras ferroviarias, con el objetivo de que elabore un informe técnico sobre el estado de la vía en el punto kilométrico donde se produjo el accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas, “determinando si existían las deficiencias descritas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y su posible relación causal con el siniestro”, junto a otras diligencias de prueba.
Así se recoge en la querella presentada por la asociación, que convierte en procedimiento penal su denuncia inicial ante el Juzgado de Montoro (Córdoba), órgano que instruye la causa por el siniestro ferroviario. El escrito se dirige contra dos altos cargos de Adif y uno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), además de “contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado”, por “hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores”.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el 18 de enero de 2026 se produjo un grave siniestro ferroviario en las cercanías de Adamuz, en el que se vio implicado un tren LD AV Iryo 6189 procedente de Málaga, con un balance de 45 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración, “además de cuantiosos daños materiales”.
La querella recuerda que “el 8 de agosto de 2025, el Semaf remitió una comunicación formal y fehaciente a los hoy denunciados, en su calidad de máximos responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria”. En esa comunicación, el sindicato expresaba su “profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad”.
En dicho escrito se advertía de la presencia de “cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etc.”, que generaban una “falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes” y una “degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías”. También se hacía constar que los maquinistas comunicaban estas incidencias “diariamente a los responsables de Circulación Adif, sin que se tome ninguna medida”.
Ante “la gravedad de la situación descrita y el riesgo evidente para la seguridad de viajeros y trabajadores”, Semaf reclamó en esa misma comunicación la aplicación de “una medida preventiva concreta y de carácter inmediato: la reducción de la velocidad máxima en dichas líneas, estableciéndose como límite 250 kilómetros por hora, medida que debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior”.
Según sostiene Liberum, “pese a la gravedad de la advertencia, la identificación precisa de los riesgos y la propuesta de medida correctora específica, razonable y proporcionada, los hoy denunciados, en su condición de máximos responsables de la seguridad en la infraestructura y la circulación ferroviaria, omitieron adoptar medida alguna para mitigar o eliminar el riesgo denunciado”, de modo que “no consta que se acordara la reducción de velocidad solicitada, ni que se iniciaran actuaciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas”.
“La materialización directa del riesgo grave y conocido”
En esta línea, la asociación afirma que con esa falta de actuación los tres responsables “incumplieron de forma flagrante su deber de garante de la seguridad de las personas trabajadoras y viajeras, aceptando la continuación de una situación de grave riesgo que les había sido formalmente comunicada”.
De este modo, consideran que “el fatal accidente acaecido en Adamuz es la materialización directa del riesgo grave y conocido sobre el que fueron advertidos los denunciados”, y añaden que “la omisión de su deber de actuar, no adoptando las medidas de seguridad que les eran exigibles y que les fueron expresamente solicitadas, fue la causa determinante o, cuanto menos, un factor causal decisivo en la producción del siniestro y de sus trágicas consecuencias”.
Como refuerzo de esta tesis, subrayan que “como refuerzo de la evidencia de que el estado deficiente de la infraestructura era conocido por los responsables de seguridad, consta la existencia de documentación operativa interna de Adif que así lo acredita”, donde se recogen “limitaciones motivadas por deficiencias técnicas explícitas como ‘estado de vía’, ‘mal estado de la vía’, ‘estado de terraplén’, ‘rotura de carril’ o ‘garrote’”, en tramos próximos al lugar del accidente.
De acuerdo con la querella, “esta documentación demuestra que la degradación de la infraestructura no era una mera advertencia sindical, sino una realidad objetiva y documentada por Adif, que ya estaba obligando a imponer medidas de seguridad --limitaciones de velocidad-- en puntos cercanos, evidenciando un problema generalizado en el corredor que los querellados no podían desconocer”.
Calificación jurídica de los hechos
La Asociación Liberum sostiene que “los hechos descritos son indiciariamente constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave por cada uno de los fallecidos y un delito de lesiones por imprudencia grave por cada uno de los heridos, previstos y penados en el Código Penal”. A su juicio, “la imprudencia reviste el carácter de grave al haberse omitido las más elementales normas de cuidado y diligencia exigibles a quienes ostentan la máxima responsabilidad en la seguridad ferroviaria, máxime tras haber sido advertidos de forma expresa y detallada del riesgo existente”.
Igualmente, apuntan a “un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de omisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, al no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores (maquinistas) desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro su vida, salud e integridad física”.
En este sentido, precisan que “la responsabilidad de los denunciados se fundamenta en su posición de garante, derivada de los cargos que ostentan en Adif y Aesf, que les impone un deber jurídico específico de actuar para evitar riesgos en la circulación ferroviaria”, y agregan que “dicha posición se ve reforzada por el conocimiento efectivo del riesgo a través de la comunicación de Semaf”.
Diligencias de investigación solicitadas
Para comprobar los hechos, Liberum pide la práctica de diversas diligencias, entre ellas la declaración como investigados de los tres representantes de Adif y Aesf, así como la citación como testigos de los responsables técnicos relacionados con el mantenimiento del tramo, la gestión del Control de Tráfico Centralizado (CTC) y la retirada o intervención sobre el material tras el siniestro, con el fin de aclarar las decisiones adoptadas.
Asimismo, reclama que se acuerde el aseguramiento, precinto e inventario de todos los elementos de infraestructura y material asociados al punto del accidente y su entorno —carril/carriles, fijaciones, soldaduras/juntas, traviesas, balasto, aparatos de vía si los hubiera, catenaria y otros componentes—, con una documentación fotográfica y videográfica detallada, etiquetado y preservación de la cadena de custodia.
La asociación solicita también librar oficio a Adif para que entregue los registros completos del sistema CTC, con las órdenes, eventos, alarmas, restricciones, incidencias y cronología del día del siniestro y de la franja horaria relevante, además de las grabaciones de radiotelefonía y comunicaciones operativas relacionadas con el servicio afectado.
Por último, pide que se requiera a Adif el historial de mantenimiento e inspecciones del tramo implicado durante, al menos, los 24 meses previos al accidente, incluyendo informes de auscultación geométrica, inspecciones y ensayos de carril, órdenes de trabajo preventivo y correctivo, partes de ejecución, registro de incidencias y documentación de renovaciones, entre otras actuaciones de conservación.