QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha destacado la necesidad de mantener la independencia judicial y ha instado a evitar tomar decisiones basadas en la ‘lógica partidista’ o en ‘expectativas populares’. Fernández expresó estas ideas durante la ceremonia de entrega de condecoraciones a los jueces que se retiraron el año pasado en la Audiencia Nacional, señalando que la labor judicial siempre ha enfrentado desafíos importantes.
‘La esencia misma de nuestra profesión lo prohíbe. Delinear los límites que el respeto al Estado de Derecho demanda, supervisar las acciones del gobierno y mantener un diálogo con los poderes legislativos, hacen que nuestra tarea siempre esté llena de obstáculos’, explicó. Fernández remarcó que la ‘legitimidad democrática’ de los jueces ‘proviene de su adherencia a la Constitución y a las leyes’. ‘Por ello, nuestras decisiones no pueden seguir la lógica de la política partidista. Nuestro rol implica ser un contrapoder y muchas veces requiere tomar decisiones que van en contra de la mayoría’, destacó.
Además, hizo hincapié en la ‘gran independencia’ que el rol constitucional de los jueces les confiere, lo cual ‘exige un elevado sentido de la responsabilidad y una profunda justificación de las decisiones tomadas’. Fernández también alertó sobre los riesgos del populismo, el cual describió como un enfoque político enfocado en atraer a las clases populares, añadiendo que ‘ningún juez en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho debería perseguir este objetivo’.
‘De hecho, las decisiones judiciales pueden ser extremadamente impopulares en ciertas situaciones, ya que frente a un clamor popular por venganza, está el imperativo de impartir justicia respetando estrictamente los procedimientos constitucionales y legales’, subrayó. Fernández concluyó defendiendo que ‘el fin no justifica los medios’ y que ‘cumplir con las expectativas populares al resolver casos no es aceptable’, ya que esto ‘representa un grave peligro para los más desfavorecidos, a menudo señalados como chivos expiatorios de todos los problemas’.
‘Solo el Estado de Derecho es la verdadera protección para los pobres y marginados, y en general, para todas las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, la verdadera protección para todos los ciudadanos’, afirmó.
En el acto, el presidente de la AN también quiso reconocer la trayectoria de los magistrados jubilados en 2024 que han sido condecorados, destacando especialmente a Manuel García Castellón y a Ángela Murillo por su lucha contra el terrorismo de ETA. Fernández recordó que García Castellón fue trasladado a Ermua en 1997, donde ETA ‘cumplió su vil amenaza’ y asesinó al diputado del PP Miguel Ángel Blanco. En su última etapa al frente del Juzgado Central Número 6, García Castellón se ocupó de evaluar cómo la amnistía al ‘procés’ afectaba a los investigados de la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’, una causa que tuvo que ser archivada tras la anulación de todas las diligencias acordadas en los últimos tres años por una prórroga de investigación realizada 24 horas fuera de plazo.
García Castellón también lideró otras investigaciones de alto perfil como ‘Púnica’, ‘Lezo’ y varios juicios en los que se investigó al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Por su parte, la magistrada Murillo, también condecorada, fue la encargada de juzgar la primera causa del ‘caso Villarejo’, por aprovechar su condición de policía en beneficio de sus negocios privados. Fernández elogió ‘los innumerables juicios’ contra ETA que Murillo presidió a lo largo de su carrera, destacando cuando estaba ‘literalmente metida en una caja de cartón con un montón de documentos incautados’ a los comandos terroristas que iban a ser juzgados en el ‘caso Ekin’.
