El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha solicitado reformas tanto procesales como orgánicas, además de un incremento en la especialización y recursos materiales para enfrentar el narcotráfico.
Esta petición fue formulada durante la inauguración del II Congreso de Legislación Antinarcotráfico, que tiene lugar este jueves y viernes en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), situada en A Estrada, Pontevedra.
En su discurso, Fernández destacó la urgencia de “garantizar la especialización” en los entes judiciales y disponer de “más medios”, recalcando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha señalado repetidamente “la situación insostenible de algunos juzgados”.
Además de las reformas mencionadas, el magistrado subrayó la necesidad de implementar “reformas procesales”, y aseguró, “sin disminuir un ápice las garantías actuales”, para “luchar eficazmente contra la droga”.
Fernández también expresó su agradecimiento a quienes trabajan en primera línea y a las organizaciones cívicas como la Fundación Galega contra o Narcotráfico, “que ayudan a mantener el interés social ante un problema que atañe a todos”.
Asimismo, comunicó el “compromiso” de todos los integrantes de la Audiencia Nacional para la “persecución y el castigo del narcotráfico”. “Los magistrados, fiscales, letrados y fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional queremos poner de manifiesto que no estamos dispuestos a cesar ante esta terrible forma de criminalidad”, afirmó.
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatostes, catalogó el momento actual como “complejo y delicado” en un contexto de “sobreproducción mundial de drogas, introducción de nuevas sustancias más lesivas y la ampliación de los canales de distribución”, lo cual, según él, crea un panorama “preocupante” donde la violencia “se intensifica” y “pone en riesgo la seguridad”.
Picatostes valoró la labor “silenciosa, rigurosa y ejemplar” de los órganos judiciales de Galicia, especialmente en Vilagarcía de Arousa y Cambados, que cuentan con “medios limitados”.
Para enfrentar esta situación, abogó por “una respuesta integral”, pero también por “una firme condena social”. “No podemos tolerar que el delito sea rentable y que las penas impuestas no respondan a la realidad del daño causado”, expresó.
Desde una perspectiva procesal, Picatostes enfatizó que no se puede “seguir en una línea que permita una brecha entre los medios de los delincuentes” y los medios policiales y judiciales.
Convincente, señaló que este congreso contribuirá a “avanzar hacia una estrategia más coordinada y moderna” en una lucha que “no admite complacencias ni pausas”.
En la apertura también intervino el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien describió al narcotráfico como “un problema de seguridad de primer orden” que “pone en peligro el bienestar social”.
Calvo subrayó que “no se puede mirar hacia otro lado” frente a una “lacra” que en los años 90 “abatió a la sociedad gallega y que últimamente vuelve a cobrar fuerza”.
Por su parte, el responsable autonómico reiteró el “compromiso” de la Xunta en esta batalla, mencionando algunas de las iniciativas impulsadas desde el Gobierno gallego para “un esfuerzo que merece la máxima colaboración”.
El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González, destacó el “incremento en volumen” y la “sofisticación técnica” del narcotráfico, con alianzas internacionales y convirtiéndose en “una de las grandes amenazas” en el país.
Finalmente, el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico instó a los diferentes representantes políticos presentes en el congreso a colocar esta problemática “en la agenda política, pase lo que pase y gobierne quien gobierne”.
El congreso incluirá diversas ponencias y mesas de debate con la participación de magistrados, fiscales, policías, guardias civiles y representantes políticos durante estos dos días.