Los Veintisiete han acordado este viernes la que será su postura de partida para negociar con el Parlamento Europeo una nueva normativa destinada a reforzar la protección de adultos vulnerables en situaciones con elementos transfronterizos, como pueden ser la venta de bienes en otro país o la prestación de atención sanitaria fuera del Estado de origen. En este marco, han respaldado la propuesta de Bruselas de crear un “certificado europeo de apoyo y representación” para la persona afectada, aunque han optado por dejar fuera otras herramientas, como la puesta en marcha de registros interconectados entre Estados miembro.
El mandato ha sido pactado por los ministros de Justicia de la Unión Europea durante una reunión celebrada en Bruselas, pero ha salido adelante con el voto en contra de España, que considera que las bases de negociación fijadas por el Consejo resultan insuficientemente “ambiciosas”, según ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La futura norma, cuyo texto definitivo deberán acordar todavía el Consejo y la Eurocámara, persigue reforzar las garantías de los adultos que, por ejemplo a causa de enfermedades asociadas a la edad, como el Alzheimer, han dejado de poder decidir por sí mismos sin el acompañamiento de familiares o de una persona tutora.
El reglamento pretende asegurar el respeto a su derecho a la autonomía en los desplazamientos dentro de la UE, incluida la capacidad de adoptar sus propias decisiones. Para ello, fijará qué órgano jurisdiccional u otra autoridad resulta competente para acordar medidas de protección en casos transfronterizos, qué legislación debe aplicarse y de qué manera se reconocen y ejecutan en otro país las resoluciones o los poderes de representación otorgados en el extranjero.
Entre las iniciativas planteadas por la Comisión Europea en su propuesta y asumidas por los 27 en el mandato figura la creación de un certificado europeo de apoyo y representación, concebido para que las personas designadas como representantes puedan acreditar sus facultades en otro Estado miembro.
Los gobiernos reclaman, además, que dicho certificado no se limite a probar la representación formal, sino que sirva también para autorizar al apoderado a prestar apoyo efectivo al adulto vulnerable en cuestión.
Con todo, los ministros han rechazado la idea de establecer registros interconectados que centralicen información sobre las medidas de protección adoptadas en otros Estados miembro, al considerar que ello implicaría una carga administrativa excesiva en el arranque de la nueva regulación. No obstante, dejan abierta la posibilidad de que la Comisión Europea vuelva a estudiar la creación de estos registros una vez que el reglamento esté en vigor.
Otro de los elementos clave de la reforma se refiere a la reubicación de un adulto vulnerable y a las circunstancias en las que un Estado miembro puede negarse a aceptar su traslado a su territorio. Para estos supuestos, los países apuestan por remitirse al procedimiento previsto en el Convenio de La Haya de 2000, que determina qué autoridades son competentes y qué legislación nacional se aplica cuando una persona adulta que requiere protección se encuentra en otro país.
En el contexto de un traslado bajo el nuevo reglamento, el lugar de residencia de la persona quedará fijado mediante resolución judicial que determine dónde debe vivir el adulto afectado. Asimismo, se incluyen previsiones específicas para los casos en que un adulto que no puede expresar su voluntad deba ser ingresado en un centro de cuidados.
El Consejo plantea también que pueda designarse como autoridad competente a una institución de otro Estado miembro para representar a un adulto que precise protección, siempre que así lo permita el Derecho interno de ese país y que dicho Estado otorgue su consentimiento. El texto de compromiso evita imponer nuevas obligaciones a aquellos Estados cuya normativa no contempla que una autoridad pública actúe como representante de un adulto.
España denuncia falta de ambición en el acuerdo
Por parte de España, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido ante sus colegas que, aunque comparte la meta de facilitar las relaciones transfronterizas de las personas con discapacidad, considera que la propuesta actual carece del grado de ambición necesario.
El Ministerio de Justicia ha recordado en una nota de prensa que España ya se opuso en junio a la propuesta de reglamento sobre protección de adultos y que mantiene su rechazo al entender que el texto no se alinea con el modelo español.
Bolaños ha recordado que España tiene un modelo de medidas de apoyo que se basa en el respeto a la voluntad y autonomía de las personas con discapacidad.
En este sentido, ha puesto en valor la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que incorporó la referencia a las personas con discapacidad, así como la ley de 2021 que reforzó sus derechos y reguló las medidas de apoyo de manera acorde con su autonomía.
El ministro ha instado a sus homólogos europeos a avanzar hacia un instrumento más flexible y con una visión de largo recorrido, según ha indicado Justicia, para que la futura normativa europea se adecúe mejor al enfoque de respeto a la voluntad de la persona que inspira el sistema español.